La Fundación Progreso, Seguridad Social y Salud considera que el Estado, como garante del derecho a la salud de la ciudadanía, debería adoptar medidas para que no se repitan situaciones como la generada por el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, de suspender la cobertura de servicios que mediante contrato ofrecen a los afilados a las Administradoras de Riesgos Salud (ARS).
La entidad deplora que por luchas de intereses se ponga en riesgo la salud de cientos de miles de afiliados al Sistema Nacional de la Seguridad Social, como ocurrió en perjuicio de la prestadora de servicios médicos y riesgos laborales ARS Humano.

No obstante, la fundación valoró los esfuerzos realizados por el estamento estatal, a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social y ministro de Trabajo, para lograr que médicos y propietarios de clínicas privadas, levantaran el boicot que durante dos días mantuvieron a los servicios que ofrece la referida ARS, a más de 1.3 millones de afiliados.

Ese tipo de protesta, la catalogan como violación fragrante a los derechos fundamentales de los afiliados a la prestadora de servicios ARS Humano.

La Fundación consideró necesario que un aspecto fundamental como es la salud, intereses de particulares no se deberían anteponer, y que por ello el Gobierno debe evitarlo.

“Entendemos necesario conciliar los intereses gremiales o corporativos de los agentes que operan dentro del sistema de salud para que no se anteponga el interés general que respalda el acceso a los mencionados derechos”, enfatizó la entidad.

“La salud y seguridad social son de derechos fundamentales de acuerdo a nuestra Constitución, por lo que el Estado debe de ser el garante de que los ciudadanos tengan el acceso a estos”, insistió. Para dar esa garantía, plantea se intervenga y se ejerza mayor regulación a los sectores económicos que tienen que ver con la prestación de dichos servicios, no siendo el caso de la ARS, las cuales son reguladas.
“Esto es fundamental toda vez que es necesario conciliar los intereses gremiales o corporativos de los agentes que operan dentro del sistema de salud”, dijo.

Insistió en la necesidad de que el Gobierno juegue su rol de regulador y garante, llamando al orden y haciendo que los grupos involucrados, no obstante a sus intereses particulares, cumplan con las obligaciones que la ley les otorga, manteniendo la estabilidad y continuidad en la prestación de servicios.
Recomendación
La fundación recomendó a médicos y propietarios de las clínicas privadas, canalizar sus reclamos a través de los mecanismos institucionales existentes, para lograr puntos de conveniencia entre los distintos intereses en el marco de las realidades y posibilidades del sector, pero respetando la prestación de servicios.