El Estado Dominicano esta comprometido como parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a procesar en los tribunales a los responsables de la quiebra del Banco Intercontinental (Baninter) , Banco Mercantil y Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), se informó ayer.

Se explicó que este compromiso ha sido reiterado en los dos memorando del programa de estabilización económica, lo aprobado por el FMI en agosto del 2003 y en febrero del 2004, que contienen las obligaciones del Gobierno para mantener la vigencia del Acuerdo Stand By.

Se informó que el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Secretaria de Estado de Finanzas, en nombre del Gobierno solicitaron formalmente al Departamento de Estado de los Estados Unidos investigar las ramificaciones de estos casos en suelo norteamericano, y esta pendiente aún el resultados de estas indagatorias.

Una fuente oficial dijo que la autoridad monetaria se comprometió en agosto del 2003 con el FMI a enfrentar «de manera decisiva» los «casos de fraude y mala administración de instituciones financieras», y como parte de esto, dice el memorando del acuerdo, «los responsables del fraude de Baninter han sido procesados judicialmente y sus activos congelados».

«Establece, obvia referencia al Mercantil y Bancrédito, que en otros casos «la alta gerencia y los directores han sido sustituidos, el control de la institución ha sido transferido a otros accionistas, o la institución ha sido vendida», se indicó.

Indica que también «se han dado pasos para asegurar que las instituciones afectadas por las malas prácticas sean debidamente compensadas por los hallados responsables, incluso mediante sus activos personales, para limitar así los costos públicos»

El Gobierno asumió la obligación de referir «toda la evidencia de malversación al sistema judicial para su procesamiento».

Además, se pactó con el Fondo la designación de un panel de expertos internacionales para que reporten las fallas en que incurrió la autoridad monetaria que pudieron haber contribuido a los problemas recientes en los bancos, «especialmente en Baninter».

Este panel fue designado y según informaciones obtenidas en la Superintendencia de Bancos, este grupo de expertos ha trabajado intensamente y concluye esta semana su presencia en el país, por lo que se espera que entregue su informe en lo que resta del mes junio.

En el memorando suplementario dirigido al FMI para restablecer el suspendido Acuerdo Stand By, el Gobierno dice que «se halla comprometido activamente en el procesamiento legal de los antiguos dueños» de Baninter y Bancrédito».

También explica que se realizará una auditoria forense y legal en el Banco Mercantil, para tomar «medidas legales apropiadas». Esta auditoria ya fue concluida.

El punto número 22 del memorando de febrero se titula: «Extraer lecciones de la crisis resiente», y reitera el compromiso anterior de realizar la evaluación independiente «para extraer lecciones de las fallas monetarias y de supervisión que contribuyeron a los problemas bancarios».

Esta revisión no se limita al período previo a la crisis bancaria, e incluye evaluar «los procedimientos empleados para resolver Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil».

El Gobierno se comprometió, y así lo hizo, a designar un panel de expertos internacionales, y los términos de referencia fueron elaborados con la participación de los técnicos del FMI.

La Tabla I del memorando del acuerdo con el Fondo precisa que se creará una unidad de trabajo en la Superintendencia de Banco para coordinar la realización de «auditorias legales y forenses para Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil».

El objetivo de esta investigación legal es «identificar activos de sus antiguos propietarios y gerentes para maximizar la resuperación del respaldo a la liquidez». Además se establece la creación de una unidad especializada en el Banco Central para administrar y disponer de los activos adquiridos como resultado de la resolución de los tres bancos.

Tanto el memorando de agosto del 2003 como el de febrero del 2004, están orientados a sanear el sistema bancario, y en este sentido incluyen un conjunto de reformas, medidas y acciones que procuran crear las condiciones que impidan la repetición de prácticas bancarias fraudulentas como las que llevaron a la quiebra de Baninter, Bancrédito y Banco Mercantil.