Estado dominicano: Ni democrático, ni social, ni de Derecho (I)

Estado dominicano: Ni democrático, ni social, ni de Derecho (I)

Millizen Uribe

Muchas de las revoluciones sociales y políticas, emanadas del inconformismo de la población con regímenes absolutistas anteriores a la Revolución Francesa, devengaron en Estados liberales.

Sin embargo, ciudadanos y varios pensadores, entre ellos los teóricos franceses Henri de Saint-Simon y Louis Blanc, entendieron que la función del Estado no debía limitarse a recaudar impuestos, garantizar orden, seguridad interna y paz exterior.

De ahí que de un Estado liberal, limitado a lo citado, diversas naciones fueron pasando primero a un Estado Social, preocupado por la prosperidad y bien común del colectivo, no sólo del individuo, y, posteriormente, a principios del siglo XX, a un Estado Social y Democrático de Derecho.

Los antecedentes del Estado Social de Derecho están en la Constitución Mexicana de Querétaro, 1917, y en el texto alemán de Weimar, 1919, según refieren los doctores Cayetano Núñez Rivero, Juan Manuel Goig Martínez y María Acracia Núñez en su obra “Derecho Constitucional Comparado y Derecho Político iberoamericano”. No obstante, su inclusión definitiva en el constitucionalismo sucede después de la Segunda Guerra Mundial.

Con la modificación constitucional del 2010, República Dominicana se sumó a los países que se inscriben en esta corriente. Mas no deja de inquietar la gran distancia que existe entre lo que plantea la Constitución dominicana y la realidad.

Y es que un Estado Social se ocupa de la justicia social y el bienestar de todos sus ciudadanos, no de las élites. Esto pasa por la existencia y eficiencia de sistemas de salud y educación públicos; la dignidad impera en la vivienda, en el trabajo, en calidad de vida y la justicia social es la base del sistema económico. Esto sin caer en asistencialismos, ya que el asistencialismo sólo pone parches a la pobreza, no la combate de raíz.

Por otro lado, un Estado democrático es aquel donde el pueblo tiene el poder de decisión. Esto implica que los ciudadanos participen en el gobierno lo que puede darse de un modo directo o a través de representantes, quienes en todo momento deben estar sometidos a la ley y a la voluntad popular, no a la suya propia.

Finalmente, un Estado de Derecho implica sujeción de los gobernantes y autoridades a la ley, lo que garantiza el respeto de los derechos y libertades a los ciudadanos, ya que no dominan los hombres, sino las leyes. Nada más distante de la realidad dominicana.

Millizen Uribe

Millizen Uribe

Periodista. Editora del Periódico HOY Digital

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