POR MARIO MENDEZ
El Estado, por su incapacidad fiscalizadora y falta de controles, ha dejado de percibir en muchos años cuantiosos ingresos que le correspondían por las operaciones de la Refinería Dominicana de Petróleo, bajo la gerencia de la Shell, se informó ayer.

Se explicó que esto ha ocurrido a pesar de que en auditorías hechas a las operaciones de la Refinería se han detectado sumas importantes de recursos que no fueron entregados oportunamente al fisco y de que las autoridades competentes han hecho pública en varias ocasiones cifras sobre los aportes no entregados por esa empresa.

Se recordó que, en adición a los 227 millones de pesos que la Refinería reconoce ahora que tiene en «utilidades retenidas» correspondientes a años anteriores al 1995, una auditoría hecha por las firmas Coopers & Lybrand y Fernándeaz Pellerano & Asociados determinó que el Estado dejó de percibir 365 millones de pesos por concepto del diferencial del petróleo sólo en los años 1994 y 1995.

Hubo quienes plantearon que si la auditoría hubiera profundizado más, hubiera concluido en que los recursos dejados de entregar al Estado superaban la suma señalada.

Siendo presidente de la Refinería, el ingeniero Radhamés Segura informó el 28 de abril de 1997 que el Estado había recuperado 272 millones de pesos de los 365 millones de pesos.

Se explicó que despúes de eso, nada se supo con relación al resto de la deuda.

Para la ocasión, Segura explicó que esa deuda se produjo «por errores contgables, por mala interpretaci{on de fórmulas o por lo que sea, pero si el Estado tuviera un control día a día de esa empresa, esto no hubiera ocurrido».

Segura mantuvo una firme posición sobre la necesidad de revisar el contrato con la Shell mientras se desempeñó como presidente de la Refinería, cargo en el que estuvo poco tiempo, pues pronto fue designado como administrador general de la entonces CDE.

En declaraciones publicas por El Nacional el 2 de abril del 1997, Segura proclamó que el contrato con la Shell debía ser revisado y modificado, porque no respondía al interés nacional.

Y agregó que en el caso de que el presidente Leonel Fernández decidiera otra opción, respetaría la decisión presidencial, pero plantearía su relevo del puesto.

Con relación a los recursos no entregados oportunamente por la Refinería al gobierno, tambi{en se recordó que en una carta al ex-presidente Joaquín Balaguer del 22 de abril del 1996, el licenciado Eladio Sánchez Coste, miembro renunciante del Consejo de Administración de la Refinería, denunció que esa empresa debería cubrir una deuda de varios millones de pesos por cargos indebidos al diferencial del petróleo, derivados del manejo del fuel oil y de la gasolina sin plomo.

Al fuel oil, el principal producto de la Refinería, el 40 por ciento de su producción total, le fijaban un precio artificialmente alto pese a que ese combustible ya había pagado el 100 por ciento de su flete al ser importado como crudo.

Se explicó que la repercusión de esa práctica fue altamente nociva para la CDE y otros usuarios.

De acuerdo a la auditoría de Coopers & Lybrand y Fernández Pellerano & Asociados, el valor cargado al diferencial por ese concepto fue de RD$214.5 millones de pesos.

A eso se agregó que los auditores identificaron como valores no recuperados en la facturación y ajustes de paridad cargados al diferencial, la suma de RD$72.5 millones en el señalado período.

Por ambos conceptos el monto dejado de pagar al gobierno fue de 287 millones de pesos en los dos años señalados.

No obstante, el licenciado Sánchez Coste expresó en su carta al Presidente Balaguer: «Estoy seguro que una auditoría que abarque todas las cuentas de Refidomsa y no sólo aquellas que han denominado «sobre procedimientos acordados», como se ha dado en llamar la auditoría Fernández, Pellerano & Asociados, arrojaría que Refidomsa ha retenido o desviado en su provecho o de las distribuidoras, muchos cientos de millones de pesos m{as desde que se instauró el sistema de paridad de importación en agosto de 1990″.

Se explicó que a pesar de esas denuncias el problema no se corrigió, y el 9 de marzo del 1999 se informó en el Listín Diario que la Secretaría de Finanzas dispuso una investigación para determinar el por qué de una diferencia de 1,273.9 millones de pesos entre el aporte de la Refinería al gobierno por concepto del diferencial del petróleo, registrado por la Secretaría de Finanzas, y los recursos generados por ese impuesto en 1998, según el Banco Central.

Se explicó que de acuerdo al Departamento de Estudios Económicos de la Secretaría de Finanzas, el diferencial aportó en el año 1998 la suma de 5,611.1 millones de pesos, pero el monto entregado al gobierno por ese concepto fue de 4,337.2 millones de pesos.

«Le pedí al Departamento de Estudios Económicos que haga una comparación de los datos que nosotros tenemos y los que ofrece el Banco Central», dijo el secretario de Finanzas de entonces, Daniel Toribio. Se desconocen los resultados de esta investigación.

Se explicó que las denuncias de que la Refinería había dejado de entregar importantes sumas de dinero al fisco venían desde el gobierno del doctor Joaquín Balaguer.

Se recordó que el Controlar General de la República, Víctor Grimaldi, informó el 12 de julio, a través del Listín Diario, lo siguiente: «Ahora mismo hay una disputa que va a ser aclarada en su momento entre la Refinería Dominicana de Petróleo y la Shell de unos fondos que están pendientes de ser entregados no se exactamente cuántos son, ya que algunos dicen que son RD$300 millones; otros, que son RD$1,340 millones, y otros, que son R$2,000 millones; pero no hay todavía un monto específico de esa deuda».

Se explicó que esta situación nunca fue aclarada.

Además, se señaló que la incapacidad del Estado para fiscalizar las operaciones de la Refinería se puso en evidenciado en un informe dirigido por el entonces asesor económico de la Contraloría General de la República, Héctor del Rosario Ozuna, al Contralor, el 30 de mayo del 1996.

En ese informe, revelador de la falta de controles de los organismos fiscalizadores del Estado sobre las operaciones de la Refinería, el asesor Héctor del Rosario Ozuna recomendaba solicitar a la Refinería que «nos envíen un informe detallado de la metodología utilizada para la estimación de los recursos fiscales provenientes de los derivados del petróleo (el llamado diferencial), donde se vean expuestas todas y cada una de las variables usadas, tales como:

1. Las ventas reales estimadas de los diferentes productos derivados del petróleo.

2. Los correspondientes precios de paridad, y la forma de cálculo utilizada (fórmula).

3. Los precios ex-Refinería del mes en cuestión, entre otras variables que esa empresa considere útil y clarificante».

Se explicó que esas informaciones eran mantenidas en secreto por la gerencia de la Refinería, lo cual le impedía a la Contraloría una efectiva fiscalización de las operaciones de esa empresa.