Estado Social y Tercer Sector

EDUARDO JORGE PRATS
Hay dos modelos básicos de capitalismo: aquel en donde las prestaciones sociales son asumidas por el sector privado, que es el modelo norteamericano, y aquel en donde éstas están a cargo de un Estado que no solo es de Derecho sino también social, que es el modelo europeo.

La República Dominicana no se inscribe en ninguno de estos modelos, por lo que podríamos decir que tenemos lo peor de ambos mundos. Por un lado, el Estado dominicano dilapida sus recursos en gastos de capital (infraestructura, etc.) que podrían perfectamente ser asumidos por el sector privado si se contase con la seguridad jurídica suficiente como en Chile y lo que le queda de ingresos es desperdiciado en una Administración Pública ineficiente que no cumple los estándares mínimos de inversión social para países de nivel de desarrollo semejante al dominicano. Por otro lado, esta ausencia de inversión social pública no es cubierta por el sector privado como en Estados Unidos, porque no se cuentan con los incentivos fiscales necesarios para ello.

Ante esta realidad innegable e ineludible, ¿qué hacer? La tentación sería optar por uno de los modelos puros -que por demás tampoco existen en la práctica. La opción por un modelo puro tiene sus desventajas: no contamos con la tradición institucional ni con la presión tributaria europea para asumir el Estado Social con todas sus implicaciones. Tampoco tenemos un sector privado con la fortaleza necesaria para asumir gran parte de las prestaciones sociales como en los Estados Unidos.

De modo que lo que más nos conviene es un modelo mixto en donde un núcleo básico de prestaciones sociales (renta básica, seguridad social, educación pública hasta la secundaria o niveles técnicos, defensa pública, salud, etc.) es asumido por el Estado y una gama de prestaciones subsidiarias (educación universitaria y especial, ciertos servicios especializados de salud, etc.) está a cargo del sector privado, en específico, del Tercer Sector, compuesto de organizaciones no gubernamentales financiadas por el empresariado y por el propio Estado.

Este modelo mixto requiere incentivos fiscales adecuados que permitan a los empresarios deducir impuestos mucho más allá del risible 5% de la renta neta imponible que permite nuestra actual legislación tributaria. De este modo, se tendrán bases firmes para el desarrollo de una sólida cultura empresarial de responsabilidad social que vaya más allá de los espontáneos deseos filantrópicos de parte de nuestro empresariado.

No podemos seguir con los niveles de inequidad social existentes a menos que queramos sucumbir como país. Tampoco tenemos los recursos suficientes para asumir un Estado Social como el europeo con todas sus implicaciones. Lo que sí podemos lograr es reorientar el gasto público hacia la inversión social, hacerlo más eficiente y canalizar los recursos privados para cubrir la brecha de las prestaciones sociales que el Estado no puede enfrentar mediante un régimen fiscal adecuado que motive y oriente la filantropía empresarial.

 El nuevo Estado Social se aleja del estatismo tradicional del paternalismo socialista y se acerca en cuanto a cosmovisión y a modelos de gestión al sector privado vía el Tercer Sector. El Tercer Sector, por demás, contribuye a la reforma del Estado Social y es el punto de unión del sector privado y del Estado en la misión de tener una sociedad libre pero también justa. Ello requiere afinar los instrumentos de la gobernabilidad, establecer sistemas de responsividad y rendición de cuentas, y combinar la política fiscal y la política social.

Si hay algo en lo que Adam Smith tenía razón es que el pan le llega a la gente por el interés particular del panadero y no por su bondad. Si queremos un Tercer Sector que pueda complementar adecuadamente las funciones básicas del Estado Social, si queremos ser justos lo primero como quería Duarte, hay que motivar eficazmente al empresariado, de modo que éste puede disminuir su presión tributaria y escapar a la ineficacia estatal en el suministro de las prestaciones sociales, orientando sus recursos hacia este sector. De ese modo, las empresas contarán con recursos humanos más capacitados, más motivados y con niveles adecuados de acceso a los bienes sociales básicos, en tanto que el Estado podrá canalizar recursos a la lucha focalizada contra la pobreza.