CÉSAR PÉREZ
Las tormentas Noel y Olga han planteado la discusión sobre la necesidad de que nuestro país se asuma, definitivamente, la cultura del plan en que refiere a la gestión del espacio y del territorio. Es lamentable que sean esos desastres sociales evidenciados y potenciados por esos fenómenos naturales, los que hayan motivado a muchos a discutir sobre el tema de ordenamiento territorial.

Este concepto, nacido principalmente de las áreas del conocimiento de la Geografía y del Ambiente, tiene también sus lecturas en otras ciencias sociales, principalmente en los ámbitos de la política y del urbanismo.

En efecto, al asumir que «el ordenamiento territorial es una política de Estado y un instrumento de planificación que permite una apropiada organización política administrativa de la nación y la proyección espacial de las políticas sociales, económicas, ambientales y culturales de la sociedad, garantizando un nivel de vida adecuado para la población y la conservación del ambiente», estamos asumiendo un concepto lo suficientemente amplio útil para discutir.

Ese enunciado, en tanto tal, es simplemente un guía, o más que eso, instrumento que nos sirve para discutir sobre las competencias de ineludible cumplimiento que tiene el Estado para ordenar el territorio en los ámbitos de su administración local y nacional.

En tal sentido, es necesario que establezcamos que no solamente ha sido la impericia y la negligencia de los funcionarios del gobierno central lo que ha motivado que los fenómenos naturales ocurridos en el país en el presente, en el reciente y pasado remoto, se hayan convertido en desastres sociales, sino que también tienen alta responsabilidad en la ocurrencia de éstos las autoridades locales, los ayuntamientos municipales.

Un plan de ordenamiento del territorio a nivel nacional, además de definir las políticas de desarrollo, de acuerdo a las especificidades locales, en lo que se refiere a los asentamientos humanos y del manejo de los recursos naturales, debe complementarse con planes de ordenación específicos en cada municipio para que éstos, a través de sus ayuntamientos, determinen la forma de uso de suelo en sus áreas urbanas, sin rigidez y con participación de la comunidad.

El territorio es una copia, esencialmente fiel, sobre cómo un gobierno, local o nacional, se desenvuelve en los aspectos sociales y económicos y qué actitud tiene sobre el uso de la tierra y del suelo. En nuestro país, ningún ayuntamiento tiene una política que impida el encarecimiento progresivo y acentuado del valor del suelo, por eso la población es expulsada hacia los suelos residuales y marginales de los cascos urbanos, situándose en zonas de alto riesgo y, muchas veces, afectando gravemente el ambiente.

En el caso de la tormenta Noel, los desplazados de las zonas de peligro regresaron de nuevo a sus hogares ubicadas en zonas de de alto riesgo, como sectores del presente gobierno ofrecían y daban dinero a muchos refugiados para que desocuparan los refugios, y cómo se inventaron un «mercado» inmobiliario de alquiler para pobres e indigentes. Las zonas de las cuencas de los ríos y de las zonas periféricas de alto riesgo de algunas ciudades son de nuevo ocupadas con el consentimiento tácito de las autoridades del gobierno central y de los ayuntamientos.

Cierto es que un tránsfuga, director de la principal institución de recursos hídricos, por su impericia e irresponsabilidad, ha permitido que esa institución haya provocado una de las peores tragedias que haya vivido la ciudad de Santiago, pero también lo es que esa ciudad ha crecido como una mancha de aceite en agua, sin la existencia de un plan maestro que regule ese crecimiento, y eso es responsabilidad de sus autoridades municipales, en primer grado, y del Estado dominicano en segundo grado.

Es por eso que cuando hablamos de ordenamiento territorial, no solamente debemos referirnos al uso de la tierra, sino al uso del suelo urbano, a políticas de acceso a la tierra y al suelo, poniéndole restricciones al uso de ambos bienes, para que de ellos no sean excluidos los sectores pobres y que, sin ninguna ley, sin ningún plan de uso que los proteja, éstos se asienten en los lugares marginales y residuales. Por ahí debemos iniciar la discusión de los planes de ordenamiento y ordenación territorial que tanto les urgen a la nación y a los gobiernos locales.