Diecisiete estados, el Distrito de Columbia y seis municipalidades presentaron ayer una demanda contra el gobierno federal estadounidense, argumentando que su plan de añadir al censo una pregunta sobre la ciudadanía del encuestado es inconstitucional. Los fondos federales y la representación en el Congreso están en juego en la disputa sobre la decisión del gobierno de Donald Trump de reinstaurar la pregunta sobre ciudadanía en el censo del 2020. Sería la primera vez en 70 años que el gobierno utiliza el formulario enviado a todos los hogares en el país para preguntar si son ciudadanas estadounidenses. El fiscal general de Nueva York Eric Schneiderman, anunció la nueva demanda en una corte federal en Manhattan, dijo que los planes tendrán «un efecto devastador en Nueva York, donde tenemos a millones de inmigrantes». «Es ilegal. Es injusto», dijo. Añadió que la propuesta pondría fin a una larga gestión bipartidista que asegura que el censo es acertado y que el Buró del Censo ejecuta su mandato de conducir un conteo pleno y exacto de la población, incluyendo ciudadanos o no ciudadanos. El Buró del Censo no ha incluido la pregunta de la ciudadanía desde 1950, mucho antes de la aprobación de una ley en 1965 para garantizar que los grupos minoritarios tuvieran representación plena en el conteo.