WASHINGTON. AFP. Legisladores de Estados Unidos propusieron este jueves que los países caribeños puedan recibir, cuando sea necesario, un historial de antecedentes de sus ciudadanos deportados, como parte de las medidas para luchar contra el crimen organizado.  

La comisión de Relaciones Exteriores del Senado presentó una serie de recomendaciones al gobierno para mejorar la Iniciativa de Seguridad en el Caribe (CBSI), lanzada en 2009 para luchar contra la creciente violencia en la región, y que ya ha representado un desembolso de 203 millones de dólares.  

La Administración Antidrogas (DEA) debería crear unidades de inteligencia y cooperación en las policías locales de esas islas, convenientemente revisadas, al estilo de lo que ya sucede en Colombia y México, añadió el informe, aprobado por republicanos y demócratas.   

El informe revela que los servicios de aduanas y migración, que cada año deportan cifras récord de indocumentados, han empezado un programa piloto para regresar a México a los migrantes ilegales con un historial delictivo de ser necesario, para que el país vecino pueda controlar mejor a esos individuos.  

El Salvador, uno de los países con peor índice de violencia a causa del fenómeno de las pandillas, ha pedido lo mismo al gobierno estadounidense, explicó el informe.  

En el Caribe hay un resurgimiento de la violencia en países como Jamaica, que se ha encaramado al cuarto lugar en homicidios en el mundo con 52 casos por cada 100.000 habitantes, advirtió el informe.  

Jamaica «es un candidato ideal» para unidades especiales de policía conjunta con la DEA, sugieren los legisladores.  

República Dominicana ha casi duplicado su índice, de 14 a 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes, recuerda el texto.  

En los años 1980 Estados Unidos recibía el 80% de su cocaína a través de la zona del Caribe, y ahora, tras tres décadas de combate intensivo, sólo pasa el 5%, gracias al desvío de las rutas por América Central y México. 

 Pero en la región se están produciendo fenómenos como la aparición de submarinos para el transporte de la droga, hasta ahora detectados básicamente en el Pacífico, advierte el informe, elaborado a partir de audiencias con miembros de la DEA y de otras agencias.  

A la región llega un estimado de 6.000 millones de dólares al año del narcotráfico para ser lavados, en particular en los paraísos fiscales, explicó el texto, lo que exige fortalecer las leyes antilavado en Estados Unidos.  

El informe también recomienda asociar a Puerto Rico a la CBSI, tras un aumento de los casos de corrupción policial en la isla.