Probablemente todos los involucrados en fraudes relacionados con las ayudas postpandemia otorgadas por el gobierno de Estados Unidos no caerán. El fraude fue demasiado grande (el mayor de la historia) y el número de involucrados también.

Las cifras más conservadoras hablan de defraudación por 40,000 millones de dólares. Las menos conservadoras, de 200 mil millones de dólares. Es una cifra mayúscula.

Consuela que la acción de la justicia no ha estado ausente. Se han iniciado varios procesos y concluido con condenas otros, lo que es revelador de que en materia de corrupción, Estados Unidos no sólo ve la paja en ojo ajeno, sino, también en el propio.

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Cuatro años después de la promulgación de una ley clave de la era de la pandemia, el Servicio de Impuestos Internos publicó cifras actualizadas que muestran que Investigación Criminal (CI) ha procesado 1,644 casos de impuestos y lavado de dinero relacionados con el fraude de COVID-19, por un total potencial de 8.9 mil millones de dólares.

Hasta el 29 de febrero, 795 personas han sido acusadas de presuntos delitos relacionados con la pandemia y 373 han sido sentenciadas a un promedio de 34 meses en una prisión federal.

De la importancia de los procesos en marcha contra los defraudadores, ha hablado el comisionado del IRS, Danny Werfel, quien ha dicho que “el trabajo de investigación criminal del IRS desempeña un papel vital en la protección contra el fraude y un papel clave en los esfuerzos más amplios de la agencia, para garantizar la equidad en el sistema tributario de la nación”.

Esa tarea es importante y oportuna, pues la deuda pública de Estados Unidos ha alcanzado un nivel preocupante de 34 billones de dólares, que en términos relativos se acerca al 100% del PIB. Y el mayor crecimiento de esa deuda se produjo durante la pandemia (en 2019 la deuda era de sólo 20 billones de dólares), a causa del déficit fiscal generado por las vastas ayudas públicas.

Hay quienes están preocupados ante la posibilidad de que se genere una crisis de deuda, lo cual llevaría a una recesión de la economía estadounidense, que repercutiría a nivel mundial y, particularmente, sobre la economía dominicana, por lo que es de justicia no tratar con indulgencia a los involucrados en esos fraudes.