WASHINGTON (EFE).- El Gobierno estadounidense, en un aparente giro de su posición sobre la inmigración ilegal, apoyó ayer un polémico proyecto de ley que restringiría el proceso de asilo político y marginaría aun más a los inmigrantes indocumentados.

   El Gobierno del presidente George W. Bush, que ha reiterado que quiere una solución «humana y compasiva» al problema de la inmigración ilegal detalló en una declaración oficial, por primera vez, su respaldo inequívoco a esta medida, aunque instó a los legisladores a que modifiquen algunas cláusulas.

   En vísperas de que la Cámara de Representantes vote sobre la medida, sus promotores insistieron hoy durante una rueda de prensa en que se trata de un «asunto de seguridad nacional» y una «tarea pendiente en el Congreso».

   El proyecto «Real ID Act» establece normas federales para la emisión de licencias de conducir y cédulas de identidad -con expresa prohibición para los indocumentados, que las necesitan para abordar un avión o para trámites federales- y amplía las facultades de las autoridades migratorias para denegar asilo político.

   También aumenta el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, agiliza las deportaciones, y promueve la «construcción expedita» de una valla de seguridad entre California y México, sitio por donde  aún entran los indocumentados.

   Los legisladores señalaron hoy que para los terroristas, los documentos de viaje son tan valiosos como las armas y la medida frenaría su paso y libre movimiento en EEUU.

   Los 19 terroristas implicados en los ataques de 2001 tenían 63 tipos de identificación, agregan.

   La mayoría de los inmigrantes «no son terroristas (…) queremos que los documentos reflejen con precisión quienes son y porqué están acá», explicó el autor de la legislación, el republicano James Sensenbrenner (Wisconsin).

   Agregó que su medida, respaldada por más de un centenar de republicanos y un demócrata, será votada independientemente del obligado debate sobre cómo resolver la inmigración ilegal.

   La medida de Sensenbrenner, presidente del Comité Judicial de la Cámara baja, refleja el fervor de grupos conservadores que desean frenar la inmigración ilegal en EEUU.

   Al igual que en la Unión Europea, que prepara una política migratoria unificada para 2010 -con soluciones divergentes en España e Inglaterra-, en EEUU tampoco hay consenso sobre el asunto.

   Sensenbrenner impulsa algunas de las medidas suprimidas de la reforma de los servicios de espionaje el año pasado y ahora le pasa la factura a quienes prometieron respaldarlo.

   El guión de los conservadores en contra de la migración clandestina es que los inmigrantes «sin papeles» son una carga pública y un peligro para la seguridad nacional, mientras que los de corte liberal exigen una verdadera reforma migratoria.

   Las fisuras dentro del propio Partido Republicano sobre el tema no han frenado a los conservadores que, según sus críticos, ven en cada inmigrante a un posible terrorista.

   Grupos opuestos a la medida, incluso familiares de quienes perecieron en los atentados del 11-S, señalan que ésta más bien diluye la seguridad vial y la seguridad nacional porque los inmigrantes indocumentados seguirán aventurándose en las carreteras con o sin estos documentos.

   Los críticos destacan las raíces económicas de la inmigración ilegal e insisten en que EEUU tiene problemas más urgentes, como una protección deficiente de la infraestructura nacional.

   Agregan que cualquier solución debe tomar en cuenta el motor económico que atrae a los indocumentados, que ya no son sólo gente pobre de México o Centroamérica sino también profesionales de Sudamérica, Asia y otros lugares.

   Sensenbrenner niega injerencia alguna del Gobierno federal en los gobiernos estatales, que son los que determinan los criterios para la emisión de las licencias de conducir.

   Pero sus argumentos no convencen a los gobiernos y legislaturas estatales, que se oponen a la cláusula relacionada con la emisión de esos documentos.

   En la actualidad, 39 estados de la nación y el Distrito de Columbia (Washington, la capital de EEUU) exigen pruebas de estatus migratorio antes de expedir las licencias de conducir.