Los funcionarios electorales estadounidenses verifican con regularidad los registros de defunción. En muchos estados las agencias de estadísticas vitales les envían mensualmente listas de personas que han fallecido que los oficiales utilizan para actualizar los registros de electores.

Los empleados electorales también pueden verificar el fallecimiento de los votantes por otros medios, como la coordinación con los departamentos de vehículos motorizados para rastrear las licencias de conducir canceladas, la búsqueda de obituarios publicados o el procesamiento de cartas testamentarias de los bienes de la persona fallecida.

Incluso si la papeleta de un elector fallecido es enviada por correo por error las leyes de verificación de firmas y fraude electoral crean salvaguardas adicionales contra cualquier otra persona que la llene y la envíe. Los votantes que falsifican las firmas de sus familiares fallecidos en las papeletas pueden enfrentar multas, libertad condicional o prisión. Y en algunos estados los requisitos para el voto en ausencia, como las firmas de testigos o la certificación notarial, añaden una barrera adicional para prevenir esta rara forma de fraude electoral.

Después de las elecciones presidenciales de 2020, el expresidente Donald Trump y sus partidarios afirmaron que se habían emitido miles de votos de manera fraudulenta en nombre de electores fallecidos e incluso nombraron a personas fallecidas específicas cuyas papeletas supuestamente se contaron.

Pero estas afirmaciones que se extendieron en muchos estados, incluidos Arizona, Virginia, Nevada, Pensilvania, Michigan y Georgia, resultaron ser falsas.

Cuando el fiscal general de Arizona investigó las afirmaciones de que se emitieron 282 votos de personas fallecidas en 2020, descubrió que sólo un caso estaba fundamentado.

Cuando los legisladores republicanos de Michigan investigaron una lista de más de 200 electores supuestamente muertos en el condado de Wayne, encontraron sólo dos. El primero se debió a un error administrativo en el que un hijo había sido confundido con su padre fallecido y el segundo involucró a una mujer de 92 años que envió su boleta muy pronto y murió cuatro días antes de la elección.

Si cuenta o no un voto como el de ella depende de la ley estatal.

Al menos 11 estados -nueve por estatuto y dos basados en las opiniones del fiscal general- prohíben contar los votos de los electores ausentes que envían una papeleta y fallecen antes del día de las elecciones, mientras que nueve estados lo permiten específicamente, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (National Conference of State Legislature). Otros estados guardan silencio al respecto.

Los grupos de integridad electoral que revisan los archivos de los electores a menudo confunden a un elector vivo con otro fallecido si tienen nombres, fechas de nacimiento o lugares de residencia similares, lo que genera reclamos de fraude falsos, dijo Jason Roberts, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill.

“Puedes pensar que es extraño que alguien con el mismo nombre y la misma fecha de nacimiento haya muerto, pero en realidad no es tan raro cuando piensas en un país de 350 millones de personas”, dijo Roberts. “Sucede mucho”.

Hay casos ocasionales de fraude electoral al hacerse pasar por una persona fallecida. Por ejemplo, un hombre de Las Vegas admitió haber votado en la papeleta de su difunta esposa en 2020 y recibió una multa y libertad condicional por el delito. Un hombre de Pensilvania que se declaró culpable de votar con la papeleta de su madre muerta en 2020 fue sentenciado a cinco años de libertad condicional.

Sin embargo, Roberts dijo que sólo un puñado de personas intenta este tipo de fraude en cada elección, lo que lo hace “muy, muy raro”.