Una mujer acusada de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección, fue enviada hoy a prisión preventiva por un año, como medida de coerción, por la Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Se trata de Aida Ramos de Hernández a quien el tribunal ordenó que cumpla la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal. Los hechos que involucran a la imputada se registraron durante los últimos 17 años.

El Ministerio Público explicó que el sometimiento de la acusada se realizó con base en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la Nasociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.

En la instancia con la solicitud de medida de coerción, se detalla que se abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.

La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.

El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyos objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Nacional.

A través del esquema societario, precisa, Ramos de Hernández junto con otros accionistas utilizó esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”.

Lo antes dicho con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilaban entre un 4 y un 18 por ciento.

Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia.

A raíz de las diligencias del Ministerio Público es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol.

Con las evidencias, el juez Juan Francisco Rodríguez Consoró pudo establecer la vinculación de la encartada con el hecho delictivo al que le ha sido otorgada la calificación jurídica de violación a los artículos 148, 265, 266, 405 del Código Penal y 3 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Mientras Ramos de Hernández cumple la prisión preventiva, el Ministerio Público continúa ampliando la investigación de este caso de delitos financieros.