POR PEDRO GERMOSEN
La Cámara de Cuentas declaró ayer que determinó, mediante auditoría, que el Estado fue perjudicado en más de RD$32 millones no reportados a la Marina de Guerra por varias compañías que mediante contratos operaron un astillero naval desde el 1991.

     Asimismo, mediante la resolución número 07-05, el organismo fiscalizador del Estado ordenó a la Secretaría de las Fuerzas Armadas y a la jefatura de la Marina de Guerra que rescindan de inmediato los contratos con las firmas Ciramar, S.A., y Ciramar International Trandig, Co., Ltd.

     Mediante la citada resolución, la Cámara de Cuentas apoderó del caso a la Procuraduría General de la República para que profundice las investigaciones.

     A través del documento, la institución pública sindica como responsables de las irregularidades a los señores Luis Contreras y Luis Contreras Brea, así como a Vanesa Solano y a Gerardo García, en sus calidades respectivas de presidente, vicepresidente, gerente financiero administrativo y contador de la firma CPA Consulting, de la compañía ANABALCA.

     Agrega que el Estado también resultó perjudicado por un trabajo realizado por las citadas firmas por valor de US$6,036,000, recibidos por los contratistas, pero no reportados a la Marina de Guerra.

     En sus considerandos, la resolución señala que el 15 de julio del 1991 fue suscrito el contrato entre la Marina de Guerra y la compañía Construcciones, Ingeniería, Reparaciones, Alquileres Marítimos (CIRAMAR, S.A.), cuyo objetivo principal era la reparación y operación del dique flotante DF-1, ubicado el Sur de la base naval Las Calderas, en la provincia Peravia.

     Agrega que el artículo III del contrato dispone que para su ejecución se constituiría una compañía por acciones con el nombre de Astilleros Navales Bahía Las Calderas (ANABALCA), con la participación de la Marina de Guerra, a nombre del Estado, junto a inversionistas nacionales y extranjeros, bajo el amparo de la categoría de “Zona Franca Especial”.

     Señala que el 12 de febrero del 1999 se suscribió un nuevo contrato entre Ciramar, S.A., la Marina de Guerra y ANABALCA.

     Advierte que este contrato establece que la Marina de Guerra percibiría un 40 por ciento de los beneficios netos obtenidos por la operación de la empresa y que un 20 por ciento de las utilidades sería destinado, de manera exclusiva, para reparaciones y rehabilitaciones de las instalaciones de ANABALCA.

     «La Cámara de Cuentas pudo comprobar que en relación a las obligaciones contractuales indicadas en el párrafo anterior, éstas no fueron cumplidas por las empresas contratantes», expresa un considerando de la resolución.

     Advierte que los beneficios reportados a la Marina de Guerra no se correspondían con los resultados reales de las operaciones realizadas.

     Señala que no obstante haberse efectuado los descuentos del 20 por ciento para reparaciones y mantenimiento de ANABALCA, éstos no fueron depositados en el Banco de Reservas, cuya cuenta nunca se aperturó, quedando los valores en poder de los accionistas de ANABALCA.

     Resalta que los sometidos a la Justicia por estas irregularidades habrían incurrido en estafa, abuso de confianza y asociación de malhechores.