El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y el secretario de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, en declaraciones por separado, han expuesto dos verdades contundentes y complementarias en relación con la ofensiva indetenible que mantiene el crimen contra nuestra sociedad.

Por un lado, el dignatario de la Iglesia Católica advierte sobre los riesgos que entrañaría el hecho de que los ciudadanos decidan hacer justicia por sus manos, infligiéndoles castigos extrajudiciales a los delincuentes que caigan en sus manos, y por el otro lado, el titular de los institutos castrenses advierte que la ola de crímenes exige mayor dureza de la Policía Nacional en su tarea de combatir la delincuencia.

Son, sin duda, dos verdades complementarias. Si la Policía no da una respuesta adecuada y contundente, a la medida de la ofensiva de los delincuentes, a la acorralada población no le quedará más camino que defenderse y hacer justicia, y en esas circunstancias quedarían invalidadas todas las garantías que el ordenamiento social dispone a través de las leyes y los instrumentos concebidos para aplicarlas.

-II-

Hay quejas frecuentes por el hecho de que policías en servicio se resisten a actuar en casos de delito flagrante, poniendo como pretexto la soberanía del Ministerio Público en la persecución de los delincuentes. Esta actitud contradice la prédica permanente de la jefatura policial y del propio Ministerio Público, mediante la cual se dejan claramente establecidas las circunstancias en que el Código Procesal Penal autoriza la actuación de los policías, como auxiliares que son de los fiscales.

Por el otro lado y aunque las declaraciones del Arzobispo y del Secretario de las FFAA no lo aluden, hay serias preocupaciones por la forma ligera en que algunos jueces disponen la libertad de individuos con amplio historial delictivo, con inocultables vicios de reincidencia y alta peligrosidad para la sociedad.

Entre la parsimonia de algunos policías y la ligereza de algunos jueces se incuba un incentivo al crimen y al delito, y la sociedad percibe que se le abandona a su suerte en momentos en que se le arrincona y se le agrede.

-III-

Es en virtud de todo lo apuntado anteriormente que valoramos como de altísimo interés los planteamientos hechos por estos dos idóneos interlocutores de nuestra sociedad en torno a la situación que intranquiliza a todos los hijos de esta tierra.

A los ciudadanos hay que quitarles de las manos el látigo de la venganza y del castigo extrajudicial, y desactivarlos como elementos de respuesta a la agresión de que son objeto. La única manera de lograr esto es proveyendo seguridad y obligando a los delincuentes a replegarse y deponer sus bríos, poniéndolos a resguardo con los medios y de la manera que dispone el ordenamiento social.

Detener la ofensiva sin tregua que han emprendido los delincuentes contra la familia es una tarea de la Policía Nacional y de la Justicia. Evitemos el riesgo de que sean los ciudadanos los que desempeñen este papel con sus propios medios, porque esa medicina podría ser más cruel que la enfermedad. Estamos a tiempo.