Dudas razonables sobre el real estado de muchas escuelas públicas acompañan las señales, más sombrías aun, de que el virus SARS-CoV-2 rebrota en algunos puntos de la geografía mientras surge disparidad entre el magisterio y las autoridades educativas en su marcha hacia la semipresencialidad.

El que no exista certeza con claras cifras indicativas de que el extendido vacío de aulas fue aprovechado diligentemente para ponerlas en buenas condiciones, sabiéndose de notables deterioros y carencias de agua y electricidad, coloca entre signos de interrogación el renacer docente.

De hecho, el déficit de espacios apropiados para impartir clases incluye como causa confesada, unos alegados nudos legales que paralizaron desde antes de la presente administración, múltiples construcciones que debieron estar finalizadas para la reactivación.

Ha faltado sentido de urgencia para superar obstáculos, lo que agrava el efecto paralizador de la pandemia sobre el sistema educativo, al que se supone blindado contra insuficiencias presupuestales gracias al 4% que se le asigna.

La falta de fluidez de recursos para dotar al país de adecuadas sedes para uso escolar está, además, lesionando económicamente a muchos constructores privados de planteles que incurrieron en cuantiosas deudas suponiendo que les pagarían a tiempo, unos incumplimientos que debieron quedar en el pasado en el que llegaron a costar vidas.

Novedoso sonar de las alarmas

Plausible ha resultado la presteza exhibida desde las alturas del Poder y desde la independencia del Ministerio Público, dando curso a cuestionamientos a conductas de funcionarios, pasados y presentes, para que se procediera al examen de denuncias e indicios con vistas a posibles encausamientos o ya presentados a tribunales.

Una asunción de obligaciones de Estado favorable al interés nacional de escasos precedentes, sobre todo en recientes periodos de Gobierno.

Las inercias de tiempos idos que dejaba sin estricta revisión ejercicios administrativos que la sociedad demandaba esclarecer, subrayaron por años el vacío de consecuencias que provinieran de una correcta interpretación de las leyes al formular cargos ante jueces de iguales condiciones y desvinculación de intereses políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza.