Tal vez el salario sea la única variable de la pujante economía de este país que en vez de experimentar movilidad positiva, lo que ha exhibido ha sido retroceso. Es innegable que el poder adquisitivo real del salario se ha ido deprimiendo gradualmente. Y aunque entre el Gobierno y los empresarios existe el convencimiento expreso de que es necesario un reajuste salarial general, ninguno da un paso al frente para llevar a la práctica esa reiterada convicción. A lo sumo, solo se producen tímidos aumentos en las escalas mínimas.
Cuando se afirma que el crecimiento de la economía no ha generado empleos dignos -nuevos, por supuesto- se está dando a la situación un tratamiento benigno. Lo grave es que ni siquiera ha provocado movilidad ascendente en la capacidad adquisitiva de los salarios existentes. Eso, comoquiera que se mire, es retroceso en vez de estancamiento, y constituye una injusticia en términos de equidad distributiva de la bonanza de la economía.
La situación es más grave porque el alto índice de desempleo deprime los salarios y porque las organizaciones sindicales no han sido capaces de lograr que los empleadores moderen la rigidez de su posición y accedan a reajustar los salarios por encima de las tarifas mínimas. Esa rigidez sigue siendo un contrasentido que menosprecia las virtudes de un adecuado poder adquisitivo.

Hay que exigir protección

Sería una solución muy cómoda, pero socialmente desastrosa, que los ciudadanos tomaran la justicia por sus manos -como ha pasado a veces- para enfrentar a la delincuencia. De ocurrir esto, estaríamos ayudando a suplantar a las instituciones que el contribuyente paga par que le garanticen protección. Aplicar ese método agravaría las consecuencias de la vía rápida del exterminio, por la que sienten predilección algunas autoridades, que generalmente recurren al uso excesivo de la fuerza bajo argumento de repeler agresiones.
Aquí se produjeron jornadas que sin necesidad de tirar un tiro, lograron arrancarle al Gobierno el 4% del PIB para la educación. Los ciudadanos deberían asumir una actitud militante para exigir, cívica pero enérgicamente, que se les garantice la seguridad por la que pagan.