Durante el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández tuvo lugar un amplio proceso de privatización, algo sorprendente, dados los principios ideológicos muy izquierdistas que Bosch había inculcado a sus discípulos. Tampoco aparecía la privatización dentro de los programas de gobierno del PLD. Los ingenios estatales estaban casi todos cerrados, pero unos pocos fueron arrendados. Las empresas bajo CORDE estaban casi todas cerradas, pero las que seguían operando como Molinos Dominicanos y la Tabacalera, fueron vendidas al sector privado.
Pero donde el proceso de privatización fue mayor y más importante fue en el sector energético. Las dos plantas estatales de carbón, Itabo y Haina, fueron vendidas a empresas privadas, aunque el Estado quedó como importante accionista. La distribución de energía que era totalmente estatal y en manos de una sola empresa fue dividida en tres zonas y vendidas a dos empresas españolas (Edenorte y Edesur) y a una empresa norteamericana (AES). Sin embargo, durante el siguiente gobierno, el del PRD de Hipólito Mejía, y ante un fuerte aumento en el precio internacional del petróleo que no se quiso traspasar al usuario de electricidad, el Estado las recompró. Cuando el PLD retornó al poder en el 2004 y otra vez bajo Leonel Fernández y luego bajo Danilo Medina, a partir del 2012, ni siquiera se mencionó la posibilidad de reprivatizarlas, pues el Estado seguía y sigue subsidiando la distribución de la luz y por eso sus administradores, funcionarios públicos, no se han preocupado mucho por reducir las pérdidas en las ventas, representadas por facturas no cobradas y que siguen rondando alrededor del 28% de lo facturado.
En el 2012, a finales del tercer gobierno de Leonel Fernández, la CDEEE, administrada por el Ing. Celso Marranzini, preparó una licitación para que el sector privado pudiese establecer nuevas plantas de generación, pero el presidente electo, Lic. Danilo Medina, ordenó parar el proceso, pues lo que quería era una planta estatal, la célebre Catalina la Grande, utilizando el muy débil argumento de que solo si fuese una entidad estatal se podría reducir el costo de generación. En realidad, terminado el mal negocio del Acuerdo de Madrid aprobado bajo el gobierno de Hipólito Mejía y vendiéndose ya la energía al precio “spot”, dicho argumento perdía peso. Por cierto, se rumora que para que Catalina la Grande pueda ser vendida por encima del precio a que ha llegado su costo, para estimular a los adquirientes se les ofrecerá solo a ellos, un mecanismo de venta de energía diferente al del “spot” y que representaría ingresos adicionales, lo que permitiría aumentar el precio de adquisición. Esa fórmula resolvería un problema de imagen del gobierno, pero a expensas del contribuyente y del usuario de la luz.
Cuando se decidió lo del metro, este fue estatal y por eso genera pérdidas, si se incluye en su costo, como debe ser, la amortización de capital y los intereses de la inversión original. El transporte en guaguas también es estatal, a través de la OMSA, con enormes pérdidas. El sector privado no quiere incurrir en ese sector de transporte por miedo a que no le entreguen el subsidio. El microcrédito ahora también lo realiza una empresa estatal y el agua la sigue vendiendo INAPA, otra empresa estatal.
Las plantas de carbón de Catalina, Edenorte, Edesur y EdeEste, el CEA (que sigue administrando algunos ingenios con pérdidas), el metro y la OMSA, entre otros, todos se caracterizan porque no tienen estados financieros y mucho menos estados financieros auditados por contadores internacionalmente reconocidos. Todos también dejan pérdidas que son subsidiadas por el contribuyente. El servicio que todas ofrecen es muy deficiente y la corrupción campea, si no en todas, por lo menos en la mayoría de estas empresas estatales.
El PLD no quiere privatizar porque cuenta con la nómina de esas empresas y la corrupción en las mismas como mecanismos para ganar elecciones, como también lo representa la excesiva nómina ministerial y los planes de tarjetas “Solidaridad”. Se copia al viejo PRI mexicano y al peronismo. A eso hay que agregar la alta proporción de programas de “bocinas” por radio y televisión y la publicidad estatal por esos y otros medios.
Bajo ese esquema de gastos es difícil justificar más impuestos.