Las advertencias que rodeaban a Nikolas Cruz antes de abrir fuego en su escuela en Florida y dejar 17 muertos esta semana, parecían resplandecer como señales de luz neón.
El joven fue expulsado del colegio, peleaba con sus compañeros de clase, le fascinaban las armas de fuego y herir animales, colocaba publicaciones perturbadoras en sus redes sociales y tuvo tratamiento previo de salud mental.
Sin embargo, estas alertas no llamaron la suficiente atención de sus familiares, de las autoridades de Florida o del personal de su escuela como para que solicitaran una orden judicial que le prohibiera poseer armas. En Estados Unidos, solo cinco estados tienen leyes que permiten a los familiares, tutores o a la policía solicitar a los jueces quitar los derechos de armas a las personas que muestren señales de violencia.
Los simpatizantes de las medidas, conocidas como «banderas rojas» u órdenes de restricción de violencia armada, dicen que pueden salvar vidas al evitar tiroteos o suicidios.
Florida, donde Cruz está acusado de usar un fusil semiautomático AR-15 para matar a 17 personas en su antigua escuela secundaria, no posee una ley de ese tipo.
El agresor pudo obtener el arma legalmente incluso cuando su madre, sus compañeros de clase y sus maestros lo habían descrito en algunas ocasiones como peligroso y amenazador.
La legislación de bandera roja fue introducida el año pasado por los legisladores demócratas del estado, pero su futuro es incierto debido a que el Congreso de Florida está controlada por los republicanos, quienes generalmente están a favor de ampliar los derechos de posesión de armas.
Luego del tiroteo del miércoles en la escuela secundaria de Parkland, un suburbio ubicado al norte de Miami, el gobernador Rick Scott dijo que trabajará para asegurarse que las personas con problemas mentales no tengan acceso a armas de fuego pero no ofreció más detalles.
En 2014, California se convirtió en el primer estado en permitir que familiares solicitaran a un juez remover las armas de fuego de algún familiar que supusiera una amenaza.
La medida fue aprobada luego de que un hombre que padecía una enfermedad mental, Elliot Rodger, mató a seis estudiantes de la Universidad de California en Santa Bárbara e hiriera a otras 13 cerca del campus para después suicidarse.
La ley también permite que la policía solicite órdenes de protección, las cuales pueden requerir que las armas sean retiradas hasta por un año. Connecticut, Indiana, Oregon y Washington son otros estados que tienen una versión de la ley bandera roja.