El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de 1,300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países en el más grandes entramado de corrupción internacional hasta ahora develado, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a cuatro diputados del opositor Partido Revolucionario Moderno.
La revelación de la diputada FarideRaful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.
En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el secretario administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura solo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos personajes de renombre internacional tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.
La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas, sin embargo queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. Para nada se refiere a once contratos entregados por la Contraloría, que los organismos bajo su responsabilidad suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas, que fue precisamente lo que hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y hasta su apresamiento el 22 de febrero del 2016, a tres meses de las elecciones.
Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos o alternativamente de Juana Vélez, consultora jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Solo la Secretaría habría firmado contratos por 1,255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.
Por su Parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de 1,346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo informando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación de documentos, que sería delito penal.
Lo que es imposible de reparar es que aún fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, en ignorancia de las regulaciones de compras y contrataciones, concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último se programara hasta 7 meses después de su segunda elección.
En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado.