Hoy 
Juan Bolívar Díaz
A nadie debe haber sorprendido el informe sobre el manejo de la presa de Tavera rendido esta semana por la comisión que creara el presidente Leonel Fernández para indagar si hubo responsabilidad ejecutiva en la tragedia originada al paso de la tormenta Olga entre el 11 y el 12 de diciembre pasado.
No se podía esperar otra conclusión que no fuera ratificar la capacidad y eficiencia de los funcionarios de un gobierno que ha demostrado sobradamente que es infalible. En 44 meses no ha cometido el menor error, y aunque en varios casos ha tenido que rectificar, por ejemplo en los excesivos aumentos de impuestos, ha sido por generosidad y condescendencia con la opinión pública.
En verdad la designación de la comisión era innecesaria. Desde el primer momento el gobierno había defendido la gestión de los funcionarios encargados de la administración de las presas, aunque era obvio, absolutamente obvio, que no se siguió el manual de operaciones de Tavera y que tratando de ahorrar agua para la producción de energía, se hizo caso omiso al mandato de desaguar progresivamente el embalse ante la inminencia de una tormenta avisada con más de 48 horas de anticipación.
Pero haber puesto al frente de la comisión al Secretario de las Fuerzas Armadas, que además no es técnico en la materia, llevaba ya el sello de la infalible. Jamás en nuestra historia un máximo jerarca militar ha contradicho la política oficial. El resultado era más previsible por cuanto la mitad de los comisionados eran de organismos vinculados directamente al sector aguas y a las labores preventivas. Si se hubiese querido establecer la verdad habrían comenzado designando técnicos independientes.
Lo que resulta increíble es que la comisión agotara los tres meses máximos que le dieron para ratificar lo dicho desde el principio, sin más sugerencia que se designe un coordinador de los organismos involucrados en las previsiones de las temporadas de huracanes.
Lo menos que se puede concluir de ese informe es que se trata de otra burla a la opinión pública y otra ofensa a la capacidad de razonamiento y criticidad de la sociedad dominicana. Para nada importan las decenas de muertos por el desagüe intempestivo de la presa de Tavera, ni los daños multimillonarios a propiedades familiares, comerciales e industriales, y muy especialmente a la producción agropecuaria del Noroeste.
Todo resulta tan elemental que no hay manera de evadir la indignación al leer el informe. A nadie que piense lo mínimo le resulta difícil entender que entre el desagüe de 200 metros cúbicos por segundo de los dos días antes del paso de la tormenta, y los repentinos 5 mil metros cúbicos por segundo que causaron la tragedia había una larga escala que no se siguió en la medida en que subía el nivel del embalse.
Pero no hay nada que discutir. Ya sabemos que la infalibilidad es de las virtudes de este gobierno, que eso no es monopolio de los papas cuando hablan ex-cátedra, que admitir errores y establecer siquiera la sanción de la destitución o el traslado no está en el código o protocolo del Estado dominicano.
Queda el consuelo de que un grupo de destacados profesionales de Santiago tuvo el valor de realizar su propia investigación y entregar un informe en apenas tres semanas, sin haber contado con las facilidades de los comisionados oficiales. El que quiera acercarse a la verdad sólo tiene que comparar los dos informes.
La pena es que la mayoría de los dominicanos y dominicanas hayan perdido la capacidad de asombro. ¿Qué tragedia tendrá que ocurrir para que empecemos a recuperarla?
