Kenia, un país ubicado en la porción oriental del continente africano, anunció la decisión de intervenir militarmente a Haití, en busca de ayudarle a salir de la crisis política y social en la que está inmersa la vecina nación.

De inmediato la decisión fue aplaudida por varios países, incluyendo la República Dominicana, luego de que naciones como Estados Unidos y Canadá se comprometieran en dar ese paso, sin que su ejecución haya sido efectiva.

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Con un parentesco cultural y social (en tiempos de estabilidad), Nairobi (su capital y sede de gobierno), ha decidido tomar el frente de esta intervención necesaria, para hacer que el país caribeño se enrumbe en el sendero de la democracia y la paz social.

Sin embargo, pese a la disposición de la nación africana, varios sectores haitianos han mostrado su preocupación, por la reputación de estas fuerzas kenianas, que se han visto envueltas en abuso de poder, violaciones y asesinatos.

Kenia, aunque ha mejorado en los índices de percepción de la corrupción en los últimos años, según métricas internacionales, ha sido un país copado de impunidad y autoritarismo castrense.

Supuestos abusos y crímenes cometidos por las fuerzas policiales y militares en Kenia

En 2012, un informe de Human Rights Watch, señala que las fuerzas de seguridad cometieron numerosas violaciones de derechos humanos contra personas de origen somalí con “absoluta impunidad”.

El informe indica que entre 2011 y 2012, policías y soldados realizaron detenciones arbitrarias y maltratos a refugiados somalíes al noreste del país, como represalia por los atentados ejecutados por milicias vinculadas al grupo terrorista Al-Shabaab.

El documento de unas 65 páginas, llamado “Represalias criminales: Abusos de policías y militares de Kenia contra la población somalí”, señala que los agentes utilizaron sus influencias para maltratar, abusar sexualmente y golpear brutalmente a refugiados somalíes.

Human Rights Watch aseguró en aquella ocasión, que estos delitos se cometieron bajo “total impunidad” de las autoridades.

Asimismo, en 2008, mientras el entonces presidente Mwai Kibaki pretendía reelegirse, choques entre militares y ciudadanos que se oponían a un nuevo mandato, dejó 3 civiles muertos, como parte de la brutal represión ejercida por las fuerzas del orden público.

La historia se repitió en 2013, cuando un estudiante murió por una supuesta golpiza propinada por agentes policiales, luego de arrestarlo, por hacer trampa durante un examen.

Este hecho provocó un estallido que terminó con otro joven muerto a manos de las fuerzas militares, quienes utilizaron balas reales para dispersar a los manifestantes.

En 2017, el agente policial Ahmed Rashid disparó fatalmente a dos jóvenes, quienes se encontraban tirados en el piso y uno de ellos levantó las manos en señal de rendición, pese a esto, le propinó varios disparos que les cegaron la vida a Jamal Mohammed y Mohammed Dhair Kheri.

Pese a que las imágenes del hecho quedaron captadas en cámara y el contenido se viralizó, Rashid quedó liberado bajo fianza y tras declararse inocente, en abril de este año.

En el audiovisual se ve al agente vestido con t-shirt rojo, agarrando a los jóvenes y tras tener el control, los lanzó al piso y los ejecutó ante la mira atónita de todos.

Otro crimen que involucra a agentes es el de Frederick Leliman, un ex policía condenado a muerte en febrero de este año, acusado de asesinar al líder activista y abogado keniano Willie Kimani y otras dos personas.

El jurista, junto al también exoficial Josephat Mwenda y su chofer Joseph Muiruri, murieron al ser emboscado supuestamente por Leliman y otras personas.

Los cadáveres fueron hallados varios días después del hecho, ocurrido en 2016, momentos en que Mwenda preparaba una demanda contra Leliman, por haberle disparado en un retén el año anterior.

En otro caso que puso a las fuerzas públicas kenianas bajo la lupa, fue la muerte del reconocido periodista paquistaní Arshad Sharif, quien recibió un disparo en la cabeza de parte de agentes militares el 23 de octubre del año pasado, cuando supuestamente se negó a detenerse en un retén.

Sin embargo, las autoridades pakistaníes desmintieron esta versión y aseguraron que se trató de una ejecución dirigida al periodista, quien se encontraba realizando trabajos de campo en el país africano.

«A primera vista, es un asesinato selectivo ya que la narrativa de ‘identidad equivocada’ no ha sido probada […] y hay muchas dudas”, indicaron las autoridades de Pakistán tras dar a conocer los resultados de sus investigaciones.

Régimen de impunidad

Otro caso que dejó mal parada a las autoridades, fue la muerte, el 14 de enero del 2003, de William Munuhe, un periodista keniano que colaboraba con las autoridades de Los Estados Unidos, para capturar a Félicien Kabuga, supuesto responsable y financiador del genocidio en Ruanda en 1994, que dejó cerca de un millón de muertes en sólo tres meses.

Kabuga era buscado por las autoridades internacionales y decidió refugiarse en Kenia, donde supuestamente recibía apoyo, tanto de las autoridades gubernamentales como militares.

Pero un inquieto periodista independiente decidió colaborar con su captura, la misma que tenía un valor de cinco millones de dólares.

William Munuhe, se convirtió en el informante estrella, pero justo el día que habría de entregar a Kabuga, fue asesinado en el interior de su vivienda, donde fue hallado en un charco de sangre.

Reportes indican que la inteligencia keniana colaboró con el empresario ruanes, para quitarle la vida al periodista, lo que le permitió tener una vida normal, hasta su apresamiento en Francia  el 16 de mayo del 2020.

Estos casos de abusos y crímenes, mantienen expectantes una parte de la comunidad internacional, que ve con temor un liderazgo de Kenia ante una eventual intervención en Haití.