El reclamo –castigo a la corrupción y cese de la impunidad- de la gran mayoría de la población dominicana, incluido la populista Marcha Verde- solo pueden resolverlo los jueces y fiscales del Poder Judicial, el cual, vuelto ahora una porquería, atraviesa su peor momento y necesita urgente profilaxis.
Parecería que durante la gestión del sapiente jurista Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, el aparato judicial sucumbe y, de pronto, el estiércol ha flotado hacia la superficie social embarrándolo todo, tornándolo irrespirable, trasluciendo un sistema disfuncional, de jueces y servidores venales, prevaricadores, carente de recursos económicos, allanando el camino para que la delincuencia, la criminalidad, el narcotráfico, el fraude financiero y el delito de cuello blanco sienten sus reales en medio de una sociedad incrédula y espantada.
No es desatino decir que, dado el historial negativo transcurrido desde la reforma constitucional de 1910, la clase política ha fracasado en cuanto a impulsar un Poder Judicial eficiente, de jueces independientes e intransigentes con la ley. Ahora tenemos un presidente de la Suprema y del Consejo del Poder Judicial a quien continuamente le faltan el respeto, cuyo nombre anda rodando en medio del insólito caso disciplinario de la exjueza Awilda Reyes, suspendida y bajo arresto domiciliario acusada de prevaricación. Rematan el descrédito tres jueces destituidos después que el consulado estadounidense les retirase sus visas por la liberación de un poderoso narcotraficante y otra jueza, Margarita Cristo Cristo, quien enfrentó a la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, por sentencia favorable al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, destituida y acusada de cometer faltas graves.
Sin justicia, jamás corrupción e impunidad serán doblegadas. Es hora de convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para limpiarla de tan nauseabundo hedor.