Organizaciones de la sociedad civil plantean al Gobierno no desistir de un verdadero Pacto Fiscal pero enfocado en enfrentar los retos económicos de mediano y largo plazo, como el endeudamiento, la estructura del mercado laboral, la protección de la ciudadanía ante la vejez y la enfermedad, así como el daño ambiental.

La iniciativa debe además dar suficientes ingresos al Estado para atender sus deberes sociales, de manera justa y promover la eficiencia recaudatoria combatiendo la evasión y elusión fiscal a través de un plan que lleve el incumplimiento fiscal a 20 o 25% en un periodo de 5 años.

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El planteamiento es de la Asociación Ciudad Alternativa, Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), Red Urbano Popular, Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO), Movimiento Médico Dr. Tejada Florentino, Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, Coalición por la Seguridad Social Digna.

Indican que una reforma fiscal integral y justa ha sido una constante perenne en informes de organismos internacionales, en las demandas de la sociedad e incluso de los partidos y líderes políticos.

De hecho, en el programa del actual partido de Gobierno, el PRM, se establecen lineamientos concretos de progresividad que están ausentes en la propuesta presentada por el presidente y el ministro de Hacienda.

En un documento bien elaborado, consideran que la propuesta de reforma fiscal introducida por el Gobierno adoleció de una profunda legitimación social, al descartar lo dispuesto por la Ley No. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que contempla un “Pacto Fiscal” que integre a todos los sectores a la discusión.

Estiman que la movilización de ingresos debe adaptarse a la realidad socioeconómica del país, de forma que se alcance una mejor gestión de los recursos públicos, mejorando la transparencia y la fiscalización social de los mismos.

Asimismo, creen, hay espacio para aumentar la recaudación a la renta y riqueza, y a la vez bajar la presión sobre el 40% del consumo de alimentos y bebidas de los quintiles menores de ingreso.

Señala que según el Banco Mundial (2024), uno de los países con menor recaudación por propiedad y por patrimonio es RD, y en vez de ajustar esto de manera progresiva se pretendió engrosar la recaudación con inmuebles que no corresponden al sector más rico.

Recomendaciones

Citan las recomendaciones del Banco Mundial como a terminar con la opacidad en la existencia de activos en el extranjero y las lagunas en los paraísos fiscales, jurisdicciones que ofrecen confidencialidad y regulaciones mínimas.

Establecer estándares de tributación que reduzcan el atractivo de trasladar beneficios y activos a estos paraísos, incluyendo la prohibición y sanciones ejemplares a quienes usen dichos medios.

Sugiere medidas para desincentivar la huida de activos y el traslado de activos líquidos, incluido el cobro de impuestos de salida a los activos de alto valor por encima de un umbral específico.

Colocar tributos a los bienes inmuebles de alto valor y también de tierras ociosas, que además incentiva la inversión en proyectos de mayor rendimiento.

Propuestas concretas

En atención a lo antes expresado, que se fundamenta en el principio de justicia fiscal, y dada la propuesta que presentó el Gobierno, que era inaceptable plantea: ampliar los bienes exentos según su nivel de consumo generalizado.

Esto debe incluir cereales (arroz), legumbres (habichuelas, guandules, etc.), frutas, vegetales y carnes de consumo popular.

Igualar la tasa de las rentas por dividendos a la generalizada al tramo superior planteado de 27.0% a las Personas Físicas.

Consideran que esta medida podría potencialmente generar unos RD$27,486 millones afectando sólo a una parte muy reducida de contribuyentes.

Hacer obligatorio declarar en el IR-1 a todas las personas físicas identificando las rentas de dividendos y si se obligara a las empresas como agentes de retención actualmente a declarar a la DGII a qué personas físicas y jurídicas les abonan rentas de dividendos y en qué cuantía.

De igual modo, transparentar los recursos que entrarán al Estado en los próximos 10 años por la eliminación de las exenciones a los sectores productivos. Sugieren establecer exención de IPI hasta los RD$7,000,000 indexado anualmente por IPC, y a partir de ese monto gravar con tasas escalonadas de: RD$7 Millones hasta RD$9 Millones, un 0.5%; de RD$9 Millones hasta RD$12 Millones, un 1%; y más de RD$12 Millones de 2%.

Fijar el impuesto a la circulación vehicular (marbete) no al año de fabricación del vehículo exclusivamente, sino también en función al valor del vehículo, haciéndolo progresivo y con más poder recaudatorio, considerando el valor FOB.

Establecer un impuesto selectivo al consumo a los bienes de lujo: yates, vehículos de alta gama y lujo, joyas y prendas de alto valor.

Fortalecer el impuesto a la herencia, donaciones y sucesiones al no provenir de esfuerzo alguno.

Eliminar medida de la obligatoriedad de declarar para asalariados con ingresos anuales hasta $624,330 que llevarían complejidad a la labor de la DGII y elevaría el costo de gerencia del impuesto afectando a los asalariados de clase media.

Proteger el salario de los profesionales y trabajadores de los servicios esenciales públicos como educación y salud, entre otros, incluyendo los incentivos por labor y desempeño, y los ingresos de la población pensionada, en cuanto al nivel de referencia para el cobro de impuesto sobre la renta a la población asalariada como manera de defender su capacidad de consumo y calidad de vida.

Ampliar la racionalización de las exenciones a sectores privilegiados como la importación de vehículos de dealers y concesionarios; combustibles a empresas mineras, generadores de electricidad, cadenas hoteleras y zonas francas; entre otros.

Aumentar los salarios del sector público y privado y los bonos asistenciales en sentido general y no solo aplicarlo a los mínimos.