Hoy 
El representante en el país de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Juan Artola, estimó ayer que en República Dominicana operan entre 15 a 20 bandas que se dedican a la trata de blancas y que anualmente unas 15,000 mujeres y menores de edad son llevadas a prostituirse a otras naciones.
Al participar en el Diálogo Jurídico de HOY, Artola manifestó que esas bandas se encargan de identificar y organizar el viaje, obteniendo como beneficio por cada mujer trasladada entre US$5,000 a RD$8,000.
«Los propios traficantes se encargan de facilitarle el pasaporte y sus documentos legales. Lo que sucede es que entran legales con documentos de turista y a los tres o seis meses, de acuerdo a la legislación de cada uno de esos países, el documento se les vence, entonces entran en la ilegalidad y no pueden trabajar, lo que es utilizado por estos traficantes para explotarlas», explicó.
Expresó que la trata de personas se está dando con más frecuencia en países de Centroamérica, como Costa Rica y Panamá.
Asimismo, dijo que también hay algunos casos en Haití.
«Lo que sucede es que los mecanismos son diferentes porque las mujeres que van a Haití son de menor nivel educativo y generalmente saben que van a trabajar en la prostitución», precisó.
Artola dijo que las bandas de reclutamiento tienen sus informantes para detectar sus posibles víctimas, que en algunos de los casos son familiares, vecinos o amigos de las propias mujeres que ven la posibilidad de conseguir un ingreso a cambio de la recomendación.
En cuanto a las menores de edad, dijo, la situación es similar y que el año pasado en la provincia El Limón, de Costa Rica, fueron encontradas en un prostíbulo seis niñas dominicanas entre 12 y 14 años, que habían sido llevadas engañadas.
[b]LEGISLACIÓN[/b]
Al preguntársele si las autoridades judiciales dominicanas enfrentan esta problemática con responsabilidad, sostuvo que la Procuraduría General de la República tiene casos bajo investigación y que la Policía cuenta con una unidad especializada.
No obstante, añadió que el problema radica en que no fue hasta el año pasado cuando se creó una legislación que permitiera tipificar ese delito y castigarlo.
«La ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas fue aprobada por el Congreso en julio del 2003 y promulgada el 7 de agosto de ese mismo año, lo que ha contribuido significativamente a combatir esta forma moderna de esclavitud», añadió.
La OIM estimó que en el 2002 la cifra total de víctimas de la trata de personas era entre siete millones y diez millones de personas.
En tanto, un informe reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Crimen (UNDCP), indica que la trata de personas es la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo, después del tráfico de armas y de drogas.
En abril del 2001, la Secretaría de la Mujer firmó un acuerdo con la OIM, mediante el cual se tiene previsto iniciar un programa de prevención y combate a la trata de personas que incluye acciones de sensibilización, información, capacitación y elaboración de anteproyectos de ley.
A comienzos de los años 70 las redes europeas de traficantes de personas se instalaron en República Dominicana, Colombia y Brasil, y posteriormente fueron ampliando sus operaciones hacia Honduras, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina y Chile.
En los años 80 se empieza a advertir en Colombia la presencia de miembros de la mafia japonesa Yacuza, que en la actualidad se ha expandido a Centroamérica, Bolivia y Brasil.
En la última década, la trata de personas comenzó a tomar mayor relevancia como grave violación de los derechos humanos y delito de lesa humanidad.
La trata de personas tiene como países de destino en Europa a España, Alemania, Suiza, Austria, Italia, Holanda, Francia y Bélgica. En Europa del Este, la República Checa, Polonia y Rusia. En Asia, Japón, Hong Kong, Singapur, Taiwan y Tailandia. También se han encontrado numerosos casos en Israel y Estados Unidos.
