POR DIEGO PESQUEIRA
A un año de aplicarse el Código Procesal Penal se detectó que cada institución por separado –justicia, ministerio público, defensores y policía– han alcanzado un grado mínimo de funcionamiento, no produciéndose colapsos operativos, lo que ha permitido a la Comisión Nacional de Ejecución (CONAEJ), calificar como positivos los resultados.

Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado por un consultor internacional, se deben superar las debilidades detectadas, las cuales son las de escasa «interacción» en los planes entre las instituciones, la falta de orientación hacia resultados y la inexistencia de un presupuesto global.

El presidente del CONAEJ, César Pina Toribio, consultor Jurídico del poder Ejecutivo, y el comisionado de justicia, Alejandro Moscoso Segarra, vicepresidente de la Comisión, sostienen que ha sido exitosa la implementación de la reforma procesal.

Ambos funcionarios entienden que se ha cumplido en forma razonable.

Sostienen que se han dictado las normas y reglamentos considerados en el plan, salvo las modificaciones al Código Penal y a la ley de ejecución de penas, en las cual se esta trabajando.

Pina Toribio y Segarra aspiran a que durante las actividades programadas para esta semana se puedan detectar las fortalezas y debilidades de la reforma procesal penal.

Manifestaron que los resultados de la consultoría internacional demostraron el avance del plan de implementación en la Defensoría Pública, en cuanto al número y a la calidad.

Agregan, que respeto al Poder Judicial, se ha cumplido en términos generales  con el plan institucional, restando la puesta en marcha masiva de un nuevo modelo de despacho judicial, funcional con el nuevo sistema, el cual se ha implementado en forma piloto en un distrito del país.

Sostienen que en cuanto a la Procuraduría General de la República, de acuerdo al consultor, existe un buen plan de implementación, donde se destaca la puesta en marcha de un nuevo modelo de gestión en tres distritos del país.

Empero, reconoce que no se ha podido cumplir a cabalidad con el plan de capacitación de los fiscales, estándose a la espera de la conclusión del proceso de incorporación de nuevo personal.

Contrario a esto, se ha ejecutado, de acuerdo a lo planificado, la capacitación de jueces y defensores para su adaptación al nuevo sistema.

En relación a la Policía, agregan que el consultor no tuvo acceso a documentos, por lo que no pudo emitir una opinión respecto a grados de avances en la implementación de la reforma procesal.

«La implementación de la reforma procesal penal se ha cumplido de forma razonable en el país», precisaron Pina Toribio y Moscoso Segarra.

Al participar en Diálogo Jurídico, Pina Toribio, dijo que espera contar con la cooperación de la ciudadanía en las actividades que realizará el CONAEJ para demostrar cual ha sido la ejecución del Código Procesal Penal.

A su juicio ha sido un año muy positivo, puesto que las críticas iniciales que se le formularon a la reforma procesal han quedado superadas.

Entiende que hay una toma de conciencia más amplia sobre el verdadero propósito y alcance de la reforma, creciendo los niveles de apoyos.

La ejecución que se ha dado apunta a un balance muy favorable, puesto que todo se ha desarrollado de acuerdo a lo planificado.

Destacó como positiva la capacitación de jueces y defensores para su adaptación al nuevo sistema.

Resaltó el trabajo de la escuela judicial, donde han sido capacitados los jueces.

«Se realizó un trabajo extraordinario para una efectiva implementación del Código Procesal Penal. Comisión cumplió su tarea en todos los órdenes. Quiero resaltar la coherencia y los niveles de conciencia entre los miembros del CONAEJ, así como el trabajo de los diversos actores se reflejan en este año de trabajo», Pina Toribio.

DEBILIDADES

El informe del consultor Cristian Ramiro Hernández Gálvez precisa que en el actual plan de implementación no se observa claramente cómo se relacionan los planes de las distintas instituciones para el fortalecimiento conjunto del sistema.

RECOMENDACIONES Y REFLEXIONES

El consultor sostiene que para el buen funcionamiento del sistema, es requisito necesario, pero no suficiente, que cada actor cumpla con su rol.

Entiende que uno de los principales problemas, pero que puede ser superado, es la falta de estabilidad de los fiscales en su función, debido a la posibilidad de que un cambio de gobierno pueda implicar un cambio elevado del número de fiscales.

Se hace necesario aislar al Ministerio Público de los cambios políticos.

Sostiene, además, que es necesario que los operadores del sistema vayan desarrollando lazos de confianza, a los fines de que investigaciones de fiscales y policías sean valoradas por los jueces cuando se le pida una orden de arresto.

Reconoce, empero, que existe un fuerte compromiso de todas las instituciones operadoras del sistema y del Poder Ejecutivo, para el éxito de la reforma procesal penal.

Enfatizó en la importancia del proceso de comunicación del nuevo sistema penal, no solo hacia la ciudadanía, sino también hacia el interior de las instituciones operadoras.

DOMÍNGUEZ BRITO

El procurador general Francisco Domínguez Brito calificó de muy válido el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, el ministerio público, la Policía y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en término de acogerse a los lineamientos del nuevo Código Procesal Penal en su primer año de aplicación.

En el caso del ministerio público dijo que ha hecho un trabajo con mucha gallardía, formación y seriedad, pese que a las presentes autoridades asumieron a sólo un mes de preparación de la nueva legislación.

«Hay un ministerio público cada vez más formado, entrenado y dispuesto a mantener una lucha contra el crimen siempre garantizando el debido proceso», sostuvo.

Y Agregó: «Creo que ha sido un año sumamente positivo en término de la implementación del Código Procesal Penal. Los actores han ido adaptándose poco a poco a las nuevas normativas».

Entiende que el Código que ha sido un buen instrumento en término de garantizar un mayor respeto a las libertades individuales y también, en determinados casos, hacer mucho más efectiva la lucha contra el crimen.

Ve que aún hay algunos obstáculos. A su entender el principal obstáculo es el relacionado a la cultura de los actores. «Todavía trabajamos con el sistema viejo el tema de la oralidad».

Situó entre los retos suprimir la burocracia.

«En algunas audiencias los abogados quieren externar y hacer de ellas un juicio y alegan derecho a la defensa, poniendo en una situación difícil al juez y al tribunal. Son culturas que poco a poco tendrán que ir desapareciendo».

JEFE DE LA POLICÍA

El mayor general Bernardo Santana Páez aseguró que trabajará sin descanso para lograr que cada agente policial pueda conocer y aplicar las normas establecidas en la reforma procesal, implementando un amplio programa de capacitación.

Dijo esperar que en lo adelante cada agente que investigue un caso sea capaz de sostener la acusación en cada uno de los tribunales.

«El policía es un investigador testigo, que tiene y debe acudir a los tribunales a defender el trabajo realizado en coordinación con los fiscales», dijo.

Santana Páez hizo énfasis en que su mayor preocupación es la capacitación de los técnicos encargados de trabajar y recolectar evidencias en las escenas de crímenes.

«También nos esforzaremos en la capacitación de los investigadores. Seguiremos con la formación de este personal para que dominen a la perfección las normativas del Código Procesal Penal», indicó.

Entiende que un policía conocedor de la reforma procesal es una garantía para impedir que los delincuentes sean favorecidos en los tribunales.

«El policía tiene que estar bien preparado para prevenir los niveles de impunidad, o sea que los delincuentes no sean liberados por falta de pruebas», agregó.

FISCAL DEL DISTRITO

En tanto que el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, mostró preocupación por la facilidad con que los jueces disponen la libertad de acusados de narcotráfico.

«El caso más reciente es el del juez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Alfredo Ríos Fabián, quien ayer dispuso la libertad de tres personas que fueron apresadas transportando un cargamento de 101 kilos de cocaína», precisó.

Expresó que no se justifica que Ríos Fabián haya ordenado el arresto y allanamiento del cargamento, «y que cuando el fiscal solicita las medidas de coerción dentro del tiempo previsto, diga entonces que ordena la libertad tomando en cuenta el plazo de las 24 horas establecidas en el Código Procesal Penal y no el de 48 horas que estipula la Constitución».

«Ese mismo juez ha emitido más de 40 decisiones en sentido contrario, porque en este caso sí y en otro no», puntualizó Hernández Peguero.

Dijo que por otros casos similares ha elevado la queja por ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no ha recibido respuesta.

Citó el caso de otras tres personas apresadas por su implicación en un cargamento de cuatro kilos de cocaína, sin embargo fueron puestas en libertad por el Poder Judicial.