Hoy 
Es realmente estimulante que el Gobierno se esté esforzando por revertir los criterios que el país aplicaba para administrar el apremio corporal a que son sometidas las personas en riña con las leyes.
La reforma de nuestro modelo penitenciario es una realidad que marcha firmemente, sin aspavientos innecesarios, en procura de humanizar la estada en prisión de prevenidos y condenados.
De un régimen estrictamente represivo, deshumanizado y denegador de derechos humanos elementales, estamos pasando a un modelo que procura la regeneración y la vuelta a la vida útil de aquellas personas que han entrado en pugna con las normas de convivencia armoniosa.
Aparte de las mejoras en infraestructura, en las cárceles se están estableciendo medios de capacitación que le permiten a los presos volver al seno de la sociedad con mejores expectativas, preparados para ganarse la vida honradamente.
Era necesario que los saltos cualitativos dados en el ámbito de la administración de justicia tuvieran como contrapartida modificaciones que humanizaran nuestro modelo penitenciario y lo enfocaran hacia la finalidad de reformar la conducta de quienes han perdido su libertad por haber ofendido a la sociedad y sus normas de convivencia.
La reciente constitución del Patronato Nacional Penitenciario, que encabeza el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, y del que forman parte reconocidas personalidades del mundo empresarial, envía una señal auspiciosa sobre la profundidad de las reformas.
El modelo penitenciario marcha hacia la modernidad, sin innecesarias estridencias, pero con la firmeza y el tino necesarios para desterrar un estado de cosas degradante de la condición humana y denegador de la de la propia justicia.
Mala práctica
En nuestro país es una práctica común que personas con funciones públicas que se han visto involucradas en actos graves contra la ley simplemente son canceladas sin que respondan por sus actos ante la justicia.
En este ámbito se actúa como si el despido, puro y simple, constituya una sanción de la fortaleza necesaria para resarcir el daño causado por el delito.
La reflexión está inspirada en la información dada por el jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, mayor general Juan Bautista Rojas Tabar, en el sentido de que sesenta miembros de ese organismo, entre civiles y militares, han sido cancelados por consumo y tráfico de drogas, robo de armas de fuego, moneda extranjera y extorsión a pasajeros, entre otras faltas graves.
En esa declaración no se informa la manera en que fueron sancionadas las personas canceladas por esas causas tan graves, y quisiéramos pensar que el hecho de que ese dato fuera omitido no significa que no se haya castigado el delito.
Las leyes del país establecen claramente los procedimientos a seguir en el caso de que personas se aprovechen de sus cargos y responsabilidades para provecho personal mediante acciones que caen irremisiblemente en el rango de lo penal y criminal.
