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Tan pronto estalló la crisis financiera, cuyo clímax fue la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers en sept. 08, y la economía global comenzó a dar síntomas de entrar a la recesión más grave desde la Segunda Guerra Mundial, era obvia la necesidad de aplicar políticas anti cíclicas en todos los países del G-20, y se acordó aumentar los recursos a disposición del FMI para que contribuyera a canalizarlos a los países con poca capacidad fiscal, para estimular sus respectivas economías.
La receta típica de los programas de ajustes del FMI se caracterizó por una estricta disciplina fiscal y monetaria. Sin embargo, la crisis ha obligado al cambio de paradigma, y el mismo FMI está urgiendo a los gobiernos a gastar más, y para dar el ejemplo, estableció la FCL (Flexible Credit Line) que permitió a México acceder a US$47 billones, a Colombia con US$10.5 y a Polonia con US$20.5 millones, mientras El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras han firmado este año acuerdos stand-by precautorios con muy bajas condicionalidades. Adicional a los nuevos programas, el FMI aprobó una asignación general de Derechos Especiales de
Giro (DEG) por un monto de US$250,000 millones para complementar las reservas de los países miembros, efectivo al 28 de agosto. También entró en vigor la cuarta enmienda, que contempla otra asignación especial de DEG efectiva al 9 de septiembre. Por ambas, RD está recibiendo 177.2 millones en DEG, aproximadamente US$275.3 millones, para incrementar sus reservas internacionales.
En un escenario de baja inflación y desaceleración de la actividad económica, la Administración Monetaria inició desde el primero de enero de este año la aplicación de una serie de medidas dirigidas a reducir la tasa de interés e incrementar el crédito bancario al sector privado, con un éxito tal que las tasas se han desplomado en promedio en 7.8 puntos porcentuales y el crédito se ha incrementado en RD$13,643 millones entre el primero de abril y el 17 de agosto.
Una política monetaria flexible no puede asumir el peso total de la reactivación, y es imprescindible una política fiscal anti cíclica. Sin embargo, frente a la caída de las recaudaciones, sólo es posible con recursos externos, cuyo desembolso, especialmente de los organismos multilaterales, dependen en gran medida de un acuerdo con el FMI.
A pesar de los meses perdidos esperando la colocación de US$1,000 millones en bonos soberanos, la decisión del Presidente de firmar con el FMI en estos momentos es atinada, pues permitirá al país recibir varios cientos de millones de dólares para reactivar la inversión pública y los programas sociales a un costo financiero muy inferior a los bonos soberanos. Va a mejorar los niveles de confianza de los agentes económicos, a reducir la clasificación riesgo-país, a cerrar la brecha de la balanza de pagos y permitiría volver a los mercados de capitales en mejores condiciones.
