Hoy 
El gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a crear una autoridad independiente, para el manejo de la recaudación de los impuestos, tanto para la Aduanas como para Impuestos Internos y a «criminalizar» la evasión fiscal.
El compromiso está contenido en el memorado suplementario de políticas económicas presentado por el gobierno al FMI para restablecer el acuerdo que se espera que sea ratificado el próximo día 11 por el directorio del organismo.
En dicho memorado, a copia del cual tuvo acceso el periódico HOY, el gobierno se compromete a adoptar un conjunto de medidas adicionales para hacer más eficiente el cobro de los impuestos.
También el gobierno se comprometió a crear este mes una unidad, bajo la dirección de la Junta Monetaria, para manejar y disponer de los bienes adquiridos como resultado de la resolución de los tres bancos quebrados.
El objetivo de la unidad sería maximizar el valor de los bienes recuperados.
El gobierno también se comprometió a tener listo una proyecto de reforma tributaria en marzo próximo, el que sería presentado al Congreso Nacional en julio.
Esta reforma estaría orientada a ampliar la base de los impuestos al consumo interno, introduciría modificaciones en las tasas impositivas, eliminaría los remanentes de exenciones en el pago del impuesto sobre la renta y eliminaría tasas arancelarias en el contexto de los acuerdos de libre comercio.
En el caso de que se produjera una caída de los ingresos fiscales en el curso del año, el gobierno se compromete a aplicar medidas impositivas compensatorias, en consulta con el FMI.
Asimismo, el gobierno convino en limitar sus gastos totales por debajo del 16% del PIB, que según se afirma en el memorando suplementario, sería el nivel más bajo en cinco años.
Se plantea un recorte significativo en el gasto de capital y una reducción de los gastos corrientes discrecionales.
Además, el gobierno se compromete a crear una comisión de seguimiento, para asegurar los recortes en el gasto público.
Para alcanzar los objetivos fiscales del 2004, el gobierno explica que ha puesto en funcionamiento un paquete de políticas equivalentes a 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
De ese paquete, cerca de 0.5% del PIB corresponde al aumento de los impuestos y 2% del PIB a recorte de los gastos.
En cuanto al control monetario, el gobierno afirma que su política descansará en la colocación de certificados del Banco Central y en un aumento de los depósitos del gobierno en esa institución bancaria oficial.
El Banco Central pretende alargar la madurez de los certificados, mediante operaciones de mercado.
Para hacer más transparentes sus operaciones, el Banco Central proveerá una información mensual sobre la amortización de los certificados.
En materia cambiaria, el gobierno se compromete a que todas las transacciones en moneda extranjera se hará a una sola tasa de cambio unificado, luego de cumplir los atrasos que estaban pendientes por concepto de deuda externa.
El gobierno comunica al FMI que disolvió la comisión ad hoc que había creado «para eliminar transacciones ilegales por parte de cambistas no autorizados, lavadores de dinero y evasores de impuestos».
También informa que ha sido revocado el decreto que estableció una comisión similar sobre seguridad financiera.
El gobierno asegura que en lo adelante continuará evitando acciones administrativas e informales u otras acciones concernientes al mercado cambiario, dirigidas a influenciar la tasa de cambio a través de mecanismos ajenos al mercado.
El gobierno también anuncia una estrategia para recapitalizar los bancos.
Detalles completos de estrategia serán finalizados después de la revisión de los hallazgos de la misión de expertos internacionales que hizo una auditoría a todo el sistema financiero.
Un comité de alto nivel será creado para diseñar esa estrategia, de acuerdo a lo pactado.
Cualquier banco con activos netos negativos tendrá que superar esa situación con inyección de efectivo por parte de los accionistas existentes o nuevos.
A los bancos con bajo nivel de capital se les someterá a un proceso de capitalización, con aportes de los accionistas existentes o nuevos.
Si los accionistas no pudieran recapitalizar y no se pudieran encontrar nuevos acciones en un determinado período, el gobierno adoptará, en consulta con el FMI, medidas para fortalecer los bancos de acuerdo con la Ley.
Esto puede incluir, según se explica en el memorado suplementario, asistencia financiera para facilitar transferencias de activos y responsabilidades a otras instituciones privadas o a una nueva institución capitalizada por el gobierno.
También conviene en que cualquier administrador bancario que se encuentre que se le considere incapacitado será suspendido inmediatamente.
A todos los bancos se les requerirá que sometan planes de negocios para abril del 2004, estableciendo su solvencia y viabilidad sobre la base de las mejores prácticas internacionales.
Se espera que todos los bancos cumplan con las tasas mínimas de solvencia, basado en las mejores prácticas internacionales, en un tiempo determinado.
Los bancos públicos serán sujetos a requerimientos de capital idéntico a los de los bancos privados.
