Acabamos de salir de un largo, tedioso y costoso proceso electoral en donde se comprobó hasta la saciedad lo necesario que es la aprobación de la Ley sobre Partidos Políticos, la cual permanece engavetada por nuestros congresistas al saber ellos que a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo, los privilegios y gastos superfluos e innecesarios serán  regulados conjuntamente con la duración de la campaña electoral.

Los observadores internacionales invitados al certamen comicial señalaron que según la apreciación de ellos, los partidos políticos que terciaron en las elecciones habían dilapidado más de 30 millones de dólares en propaganda, caravanas, bandereo, afiches, combustible, y lo más costoso “horas hombre” sin ningún provecho ni tampoco producción. Comprobaron también lo prolongado que significa pasar aproximadamente tres meses en completa actividad política, período en el cual merma la producción, se desgasta la población y se crean rivalidades que muchas veces degeneran en pérdidas de vidas humanas, que de otro modo se pudieron evitar.

Señalaron, además, que el señor Presidente de la República no debió involucrarse directamente en la campaña, no obstante él ser a la vez también presidente del partido en el poder, ya que esto implicó una ventaja en la utilización de los fondos del Estado, privilegio que no disfrutaron los otros candidatos.

Creemos que una campaña electoral no debe pasar de 45 días o a lo sumo 60, tal y como sucede en otros países más avanzados que el nuestro.  Que la transición que ahora comprende aproximadamente 80 días, no debe pasar de 15, para evitar que el Presidente saliente ejecute actos compromisorios que le toque a su sucesor realizar.  Recientemente vimos cómo el presidente de Francia, al otro día de su juramentación, salió para Alemania a una reunión con la señora Merkel.  Aquí por el contrario, se hace la fiesta del triunfo en donde por supuesto nadie es obligado a presentarse a su trabajo, so pena de ser multado o despedido. La Junta Central Electoral (JCE) debe tener un mayor control sobre los partidos políticos y de la única manera que pueden ejercer su autoridad, es si la Ley de Partidos Políticos y la Ley Electoral son promulgadas. Estas leyes regularán las manifestaciones públicas, la mayoría de las veces hechas en lugares estratégicos por donde deban pasar obligados los que se dirigen hacia algún destino.  Si es una caravana, obligan a los vehículos a seguir por un gran trecho a los políticos que encabezan la misma.  Ocupan por demás, las vías públicas, teniendo que soportarse un engendro denominado “disco light”, que con planta eléctrica para poder difundir los decibeles que produce, ensordecen el ambiente hasta el extremo que se piensa que el tímpano no resistirá el impacto del volumen de la música o de la arenga.

En el último año, hemos estado prácticamente en campaña permanentemente.  Primero fueron las congresuales y municipales. Ahora tocó el turno a las presidenciales y un “experimento botella” para elegir diputados de ultramar.  ¡Cómo si ya no tuviéramos suficientes indolentes en el Congreso!

Nuestro país es uno de los más pobres de América con una demarcación limitada por ser territorio insular y para mayor infortunio, compartido con otra nación al borde del colapso; o peor aún, ser un Estado fallido. Asimismo, la mayoría de su población es paupérrima y tenemos casi dos millones de habitantes en nuestro suelo en calidad de refugiados económicos. Si la comunidad internacional no auxilia al vecino país – además de tener que cargar con sus miserias – nos pondría en una condición que también nosotros podemos sucumbir como país independiente.  Se hace necesario que la institucionalidad se afiance y consolide en nuestro país, porque tal vez el costo que tendremos que pagar será muy alto y cuando despertemos a la realidad, será muy tarde.