La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo informó que ejecutó tres allanamientos simultáneos en diferentes zonas de esta provincia contra una supuesta estructura de narcotráfico, tenencia ilegal de armas y lavado de activos, desmantelada en julio pasado con la Operación RANA (Red de Narcóticos de la provincia La Altagracia).

Según indicó el órgano acusador, los cateos fueron practicados en propiedades de Rigoberto Castillo Santana, quien, junto con José Padua Castillo y Robert Montás Ruiz, fue detenido en flagrante delito el 18 de julio de 2024, aproximadamente a las 7:42 de la noche, en la carretera Bayahibe-Dominicus, cerca del Parque Nacional Cotubanamá, en el distrito municipal de Bayahibe, del municipio de San Rafael del Yuma. En la operación se le ocupó la cantidad de 6 kilogramos de cocaína clorhidratada.

Por ese hecho, los investigados guardan prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-Anamuya), del municipio de Higüey.

«Los recientes allanamientos practicados en el transcurso de esta investigación fueron ejecutados en zonas lujosas de Higüey, incluyendo al reconocido Motopréstamo Ricardo, por su vinculación en la investigación financiera, lugar donde fue detenida en flagrancia, la propietaria Judith Santana, por tenencia ilegal de arma de fuego, al ocupársele una pistola, calibre 9 milímetros, color negro, marca HS 2000, la cual estaba registrada a nombre de Isidro Soler, quien se encuentra con procesos anteriores por narcotráfico en el territorio nacional», se lee en un comunicado.

De igual forma, el Ministerio Público comunicó que solicitará medida de coerción en contra de la empresaria.

La magistrada Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, detalló que, durante las pesquisas, ocuparon otra arma de fuego tipo escopeta, documentos societarios y aparatos electrónicos.

Además, manifestó que, en el proceso, se ha detectado un complejo esquema de lavado de activos contra el cual, a través de una profunda investigación financiera, se tendrá una respuesta de conformidad con el debido proceso.

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