La República Dominicana es un país próspero, donde se vive con dignidad, seguridad y paz, con igualdad de oportunidades, en un marco de democracia participativa, ciudadanía responsable, e inserción competitiva en la economía global, y que aprovecha sus recursos para desarrollarse de forma innovadora y sostenible.

Propuesta Visión País 2030. A pesar de los avances democráticos logrados en República Dominicana en las últimas tres décadas, en la sociedad prima un sentimiento de que no vamos a la velocidad deseada y que en la ruta zigzagueamos, lo cual obedece en parte a la lógica de los procesos sociales, los cuales no se desarrollan en línea recta. Sin dudas, otra de las razones fundamentales que explican esta situación es haber carecido a la fecha de una estrategia de desarrollo de mediano y largo plazos convenida entre los sectores políticos y sociales que establezca la ruta a seguir.

Consolidación de la democracia. Frente a esta falta de horizonte pactado surge la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) desde la cual se pretende avanzar en la ampliación y consolidación de la institucionalidad democrática.

En este sentido, la END identifica tres puertas de entrada para atravesarlas simultáneamente.

Estas son: i) la relativa al sistema de partidos políticos; ii) la que conduce al complejo entramado de la participación en los distintos ámbitos del Estado, que a su vez fortalece el ejercicio de ciudadanía, y iv) la del sistema electoral.

En la primera puerta de entrada se parte de la premisa de que los partidos políticos son fundamentales para la democracia en la medida que tienen que ver, entre otras cosas, con las decisiones fundamentales desde los poderes establecidos y con la mejora de la relación Estado sociedad. En este orden, la nueva Constitución de la República, a diferencia de la anterior, en su Art. 216 precisa los fines esenciales de las organizaciones políticas:

1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia;

2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular;

3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Pudiéramos decir que este es el primer paso estratégico en orden a la mejora del sistema de partidos políticos, pues llama a retomar el sentido de los partidos políticos tan desdibujado en el presente.

Además, esta precisión reafirma, como mandato constitucional, la trascendencia de las organizaciones políticas en la sociedad. Sin embargo, cada vez más los partidos políticos enfrentan problemas que afectan tanto su funcionamiento interno como la vida del país, debido al rol que ellos juegan como mediación para arribar al poder de conducción del Estado y el ejercicio de éste, no siempre cercano a las aspiraciones de los distintos sectores sociales. En efecto, las organizaciones políticas presentan un conjunto de problemas derivados de la precaria regulación jurídica y social, del acumulado en la cultura política dominicana y la incoherencia ética evidente en dirigentes individuales y en las propias organizaciones políticas, males que han venido consolidándose desde la conformación misma de la República en el siglo XIX.

Específicamente, estos problemas tienen que ver con el evidente déficit de democracia interna; la falta de equidad de género, a pesar de los esfuerzos de la última década; la precaria capacidad de diálogo entre los actores políticos y de éstos con el resto de la sociedad; y el uso poco transparente de los recursos públicos y privados que reciben. Esta variedad de problemas requiere, también, de abordajes diversos pero desde una perspectiva integral que trascienda el canon jurídico.

Como se comprueba en el encabezado de este trabajo, la Visión-País propuesta en la END pone énfasis en ampliar la democracia representativa hacia un horizonte en el que la participación, y por tanto el ejercicio activo y responsable de la ciudadanía, constituyan el soporte y la legitimidad de la conducción del Estado, de manera que sirvan de base a la gobernabilidad democrática.

En este sentido, la segunda puerta de entrada se encuentra en el primer Eje Estratégico de la END: Un Estado con instituciones eficientes y trasparentes, al servicio de una ciudadanía responsable y participativa que garantiza la seguridad y promueve el desarrollo y la convivencia pacífica.

Así, dentro de este ámbito, institucional y político, se plantea lograr consolidar la democracia participativa y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos. De ahí la propuesta de las siguientes líneas de acción con un claro perfil democratizador:

Crear espacios institucionales y procesos de formación de capacidades que faciliten el pleno ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos y la participación social en la formulación, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas.

Educar en los valores y principios de la democracia como medio para propiciar corresponsabilidad ciudadana y fluidez en la relación Estado-sociedad.

Estas líneas de acción empalman y vienen a reforzar el conjunto de mecanismos de democracia directa introducidos recientemente en diversas leyes, sobre todo en la del Distrito Nacional y los municipios, así como en la propia Constitución de la República, que reconoce: el referendo, la iniciativa legal, el presupuesto participativo, entre otros.

Asimismo, en la tercera puerta de entrada la END se plantea como un objetivo estratégico consolidar el sistema electoral como vía de garantizar la actuación responsable, democrática y transparente de los partidos políticos. Para lograr esto propone las siguientes líneas de acción:

Establecer y aplicar una regulación eficiente del funcionamiento de los partidos políticos para asegurar la transparencia en el uso del financiamiento y la equidad en la participación (tanto en los procesos y organismos internos como en el escenario electoral entre los propios partidos).

Establecer mecanismos que permitan una mayor apertura del sistema electoral y faciliten la inclusión y representación de actores políticos y sociales.

Estas líneas apuntan a la aprobación y aplicación de leyes coherentes con la apuesta de mayor democratización y fortaleza institucional como la de partidos políticos, la que configura el sistema de participación social, así como la reforma a la ley electoral, para trazar el marco del necesario cambio en la cultura política y la transformación de la gestión del Estado. Esto último se aborda desde otros objetivos y ejes de la END como vía de garantizar políticas públicas que respondan a la necesidad de mayor inclusión y equidad.

De manera que los objetivos y líneas de acción de la END no constituyen un punto de partida, mas bien son la continuidad de un conjunto de reformas introducidas en leyes, la Constitución, así como en la práctica de un conjunto de instituciones tanto del Gobierno Central, de los gobiernos municipales como de la sociedad civil.

Estos objetivos y líneas de acción deben ser enriquecidos y reformulados en la medida de los cambios en el contexto.

En fin, las reformas políticas dependen, en gran medida, del desarrollo de procesos históricos, sociopolíticos, de la claridad de horizonte y voluntad política, de la capacidad de exigibilidad y negociación de los actores de la sociedad; por tanto, no es algo que se pueda escribir en piedra, pero sí impulsar y sumar voluntades individuales y colectivas para el cambio hacia el país aspirado por todos.

Coordinador Área de Reformas

Políticas del Conare.