La instauración y defensa de la economía neoliberal que asumieron la mayoría de los países latinoamericanos después de la Segunda Guerra Mundial, permitió que se contagiara a la ciudadanía común de la “paranoia de seguridad” sustentada en el temor a perder la libertad, la propiedad y el capital.
A partir de esto se empezaron a construir estrategias de control social que prometían proteger la propiedad privada de las personas a cambio de su libertad.
Las plazas, las calles y los espacios abiertos dejaron de utilizarse por temor a la inseguridad y se interiorizó el “sospechisismo” contra todo aquel que por su apariencia, pueda resultar peligroso o sospechoso.
Bajo estos argumentos falaces de “progreso” y “seguridad”, el Estado victimiza a las poblaciones laceradas por la pobreza al aislarlas de sus proyectos de ciudad y no beneficiarles con la debida protección y garantía de los derechos humanos que les permitan su desarrollo completo. Además, vulnera su integridad física, psicológica y emocional por medio de leyes y políticas inmediatistas (CDHDF: 2012:3)[1].
Muchos Estados alrededor del mundo han implementado diversas estrategias para esconder, negar e invisibilizar a estas personas. Se han amparado en argumentos de protección civil y seguridad ciudadana y han colocado a la economía y la ilusión de desarrollo por encima de los derechos humanos de esta población.
Dentro de estas estrategias se encuentran:
–Los planes de remozamiento urbano
Están dirigidos a “recuperar” los espacios públicos y a mejorar la infraestructura y el sistema de transporte de un territorio.
Por lo regular, los Estados priorizan las reconstrucciones en los centros históricos, parques o plazas importantes de la ciudad y la adecuación de avenidas principales. Posterior a la inversión, se fomenta el intercambio económico mediante la promoción de centros comerciales y centros de recreación.
¿ y eso qué tiene eso de malo? Pues que antes de iniciar los trabajos de reconstrucción, a todas las personas que viven o pernoctan por ese lugar y que no tienen el perfil para dar una buena imagen, son retiradas, acosadas y criminalizadas por las autoridades (sobretodo policías).
Las víctimas más frecuentes son los enfermos mentales, las personas que sobreviven en las calles, los/ as trabajadoras sexuales y los/as vendedores ambulantes. Ellos se quedan sin opción laboral, sin alternativa de vivienda y en la mayoría de los casos, sin protección estatal.
Recordemos por ejemplo los trabajos de remozamiento urbano que se iniciaron en la Zona Colonial y zonas aledañas.
En el año 2008 comenzaron las labores en el Parque Enriquillo. Allí vivían decenas de personas (entre enfermos mentales y callejeros y callejeras), y a su alrededor, pernoctaban una cantidad importante de vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales.
Actualmente, la mayoría de estos personajes no se encuentran en el lugar (ni se sabe dónde están) y si alguno/a de ellos quiere visitar la plaza pública, es retirado por miembros de la policía. Por suparte, el Estado presume un parque con jardineras, juegos infantiles, 110 bancos, iluminación y vigilancia gracias a una inversión pública de más de 30 millones de pesos.
Desde el 2009 el Ayuntamiento del Distrito Nacional en coordinación con la Policía Turística (Politur), iniciaron la remodelación y vigilancia en la Ciudad Colonial. Los niños, adolescentes y jóvenes limpiabotas o callejeros eran retirados a la fuerza para que “no molestaran a los turistas”.
En el 2012 la Asociación de Buhoneros de la Zona Colonial y zonas aledañas denunció que sus miembros fueron agredidos por autoridades de la Politur luego que intentaran desalojarlos de sus puestos de trabajo en la calle El Conde.
Recientemente el Presidente Danilo Medina dejó iniciados los trabajos del proyecto Reforma Integral de Calles Priorizadas en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, mismas que serán negadas para un segmento de población y publicitada para otro.
-La limpieza social
Es un fenómeno que empezó en 1979 en Colombia como una forma de “erradicación” de ladrones. Se caracteriza por priorizar a jóvenes de escasos recursos y con “pinta” de peligrosos que puede atentar contra la seguridad y la tranquilidad del ciudadano común.
Las acciones de limpieza social se desarrollan en los llamados “barrios marginados” y en “zonas turísticas” y tiene como blanco a personas muy pobres y a jóvenes consumidores de drogas, con tatuajes, con baja escolaridad y/o con alguna característica que por prejuicio, se asocia a delitos.(Mendoza: 2001: s/p)[2].
De acuerdo con Juan Marín Pérez García (2013: s/p)[3]las acciones de “Limpieza Social” responden a presiones económicas o políticas de grupos empresariales o ciudadanos de clases sociales más aventajadas.
Para este autor, el tipo y gravedad de las agresiones y violaciones a derechos humanos pueden iniciar con retiros forzados del espacio público, amenazas, privación de libertad, esterilización forzada, hasta la desaparición y homicidios. Generalmente estos hechos quedan impunes ante las dificultades de recabar evidencias con poblaciones altamente discriminadas.
-El costo humano de una ciudad bonita
Las personas víctimas de las acciones de limpieza social viven en un infierno permanente, la mayoría quedan en la desprotección absoluta y en muchos casos, bajo la mirada indolente e indiferente del resto de la ciudadanía. Son altamente discriminados, violentados e ignorados.
Pierden su trabajo, sus redes de apoyo, su vecindario, su estilo de vida, su espacio vital (donde muchos viven, comen, duermen, se reproducen y mueren) y sobre todo, la esperanza de vivir en ciudades respetuosas e incluyentes.
La factura de una ciudad de vanguardia (que sólo tú y yo disfrutamos) es pagada con el desahucio de miles de personas que nunca fueron consultadas y con el dolor emocional de aquellos y aquellas, que si no hacemos algo, se quedaran ignorados e invisibles en nuestra ciudad.
CITAS
[1]Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (2012). “Limpieza Social: respuesta falaz ante la crisis social”. Revista Dfensor. Núm. 4. México, Distrito Federal.