Washington (EFE).- Washington estudia suspender las sanciones impuestas a algunos países de América Latina por no eximir a los ciudadanos de EEUU de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI), según Adolfo Franco, gerente adjunto de la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU.

Las naciones que sufren las penalizaciones son Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y México, a los que Washington les ha cancelado la ayuda económica y militar directa, que financiaba programas como el combate contra el narcotráfico y la promoción de los derechos humanos.  Estas represalias no les han intimidado. Al contrario, el canciller de Chile, Alejandro Foxley, ha indicado que su país está a punto de incorporarse a la CPI.

Después de varios años de sanciones, la Casa Blanca evalúa un cambio en su política.  Franco dijo a un pequeño grupo de periodistas que la Casa Blanca “trata de resolver este asunto” y considera levantar las sanciones, aunque señaló que aún no ha determinado si las cancelaría para todos los países de la lista o sólo algunos.

Su supresión “será una decisión que realizarán en última instancia la secretaria de Estado (Condoleezza Rice) y el presidente”, George W. Bush, dijo Franco.   Bush tiene la autoridad de eximir a países de las sanciones por razones de “interés nacional”.  Hasta ahora en América Latina sólo ha tomado esa medida con respecto a Argentina, por considerar al país austral como un “aliado importante”, del mismo modo que ha hecho excepciones con los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Con la amenaza de sanciones, EEUU ha convencido a más de 100 países de que firmen los llamados acuerdos del Artículo 98, por los cuales dan inmunidad ante esa corte a los ciudadanos estadounidenses en su territorio, sean civiles o militares.

En América Latina los han suscrito Colombia, Bolivia, Panamá, República Dominicana y Honduras.  El posible cambio de política no se debe a que Washington haya recapacitado sobre su oposición a la CPI, que juzga a sospechosos de genocidio, así como de crímenes de guerra y lesa humanidad.

Washington mantiene su argumento de que el tribunal podría ser usado para encausar a funcionarios y militares estadounidenses por motivos políticos.

   No obstante, en América Latina ve con mucha inquietud el aumento de la influencia del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a golpe de petróleo subsidiado, y de China, que ha aumentado su inversión en la región por considerarla una importante fuente de materias primas.

   Esos temores quedaron claros en una audiencia ayer en la Cámara de Representantes, en la que el republicano Dan Burton, el presidente del subcomité sobre América Latina, pidió a la Casa Blanca que cambie su política.

   “Muchos de nosotros estamos preocupados por la influencia de China en la región”, afirmó Burton, quien dijo que Pekín no tendrá inconveniente en dar entrenamiento militar a los latinoamericanos si EEUU se lo niega.

   En términos similares se manifestó Eliot Engel, el líder de los demócratas en ese subcomité. “Estas sanciones están socavando muy gravemente nuestros intereses en la región”, dijo el legislador, quien las calificó como “una política fallida”.

   Con él coinciden organizaciones gubernamentales como “Citizens for Global Solutions”, que quieren que EEUU detenga su campaña de oposición a la CPI.

   Golzar Kheiltash, una analista legal de esta asociación, opinó que las sanciones “son una táctica de mano dura que distancia a Estados Unidos de sus aliados y de países que son amigos nuestros”.

   Para las naciones afectados, el impacto de la retirada de la ayuda ha sido más político que económico.

   Franco afirmó que la asistencia cancelada sólo asciende al 10 por ciento de los fondos que EEUU destina a América Latina, ya que sólo afecta a la ayuda directa a los gobiernos y no a las subvenciones destinadas a organizaciones no gubernamentales.

   El Departamento de Estado no ha publicado la cifra exacta de la ayuda económica retenida.

   En el año fiscal 2005, que terminó en septiembre de ese año, los fondos para la compra de armamento y la educación de militares suspendidos ascendieron a 4,5 millones de dólares.

   Ecuador fue el país más perjudicado, con una pérdida de 2,3 millones.