A fin de poder  garantizar un libre ejercicio de la libertad de expresión y prensa, así como de  reducir los niveles de autocensura, estudiantes de Derecho de la Universidad  Iberoamericana (Unibe) proponen que se  despenalice el hecho de la difamación e injuria.

El planteamiento está contenido  en el trabajo  titulado “Impacto del caso Narciso González  ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la implementación de Políticas Públicas contra la impunidad en República Dominicana”, el cual fue presentado en agosto pasado en Puebla, México, durante la celebración de la Conferencia Hemisférica Universitaria  que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Al participar en la Esquina Joven de Hoy, los estudiantes meritorios Clement Samboy Hernández, Angel González  García y Enmanuel Moreta Fermín esbozaron los aspectos más importantes del proyecto presentado a nivel internacional y el cual motivó que  Unibe fuera reconocida, por parte de la SIP, dentro de un total de 22 universidades latinoamericanas.

Otra propuesta fue la creación de una Procuraduría General Adjunta para la Libertad de Expresión y Prensa        que dé seguimiento a  los actos cometidos en contra de los periodistas y que lleve un control, como representante de la sociedad, de los delitos y crímenes  contra este sector profesional.

En ese sentido, los estudiantes universitarios entienden que es necesario diseñar un departamento del Ministerio Público especializado en crímenes y delitos contra periodistas,   dotado de los recursos y herramientas necesarias para la investigación, persecución y sanción de crímenes contra el sector. En el conversatorio estuvieron también la directora de la Escuela de Derecho del centro de estudios superiores, Sagrario Féliz de Cochón y la catedrática Paola Pelletier Quiñones, quien participó en el proceso de selección y  acompañamiento de los estudiantes para la elaboración del proyecto.

Normativa.  En su investigación, los jóvenes recomiendan, además,  la creación de una normativa legal  para la protección por la vía penal a los periodistas y “usuarios” del derecho a la libertad de expresión y prensa. También abogan por  un control estadístico  de los actos  criminales y delictuosos cometidos contra periodistas, similar al que lleva la Procuraduría General adjunta de la Mujer en los casos de agresiones contra  ese sector de la población. 

Aunque reconocen  que en el país las denuncias de agresiones contra los periodistas  no son tan comunes como en otros países de la región como México, entienden que desde ya se deben  ir tomando las medidas preventivas  de lugar.

Lamentaron el caso del periodista de Nagua, Johnny Alberto Salazar, condenado  a seis meses de prisión y al pago de un millón de pesos de indemnización por difamación e injuria, tras ser demandado por el abogado Pedro Baldera Gómez.

Los estudiantes entienden que decisiones como estas pueden llevar a que cada día más se incremente la autocensura.

Colaboración.  Los futuros profesionales del  derecho  proponen  implementar un programa que permita el fortalecimiento y participación de organizaciones no gubernamentales  en la  denuncia de los delitos de prensa cometidos en la República Dominicana.

Despenalización del crimen de difamación e injuria. Serviría como un mecanismo indirecto para contrarrestar la impunidad.

A  fin de poder garantizar un libre ejercicio de la libertad de expresión y prensa, proponen que se despenalice el hecho de la difamación y la injuria.

 “Entendemos que las mismas deben de ser reparadas por la vía civil. El hecho de que se establezca la difamación e injuria como un tipo penal sancionado con pena privativa de libertad puede verse como un medio para coartar la libertad de prensa, ya que si bien es cierto que existen valores  individuales como la moral y la dignidad personal que buscan protegerse en los elementos constitutivos de la tipicidad de la difamación e injuria, la misma incidiría en un mecanismo de censura indirecta producto de la desviación de poder en unas circunstancias determinadas”, precisó González.

Plantean  que el Poder Judicial, a través del Tribunal Constitucional,  debe declarar inconstitucional los artículos 367 y siguientes dentro del Párrafo II sobre Difamación e Injuria en el Código Penal, por ir contrario al artículo 49 de la Constitución Dominicana.

  Conciencia.   Bajo la premisa de  que la educación es el mejor mecanismo para garantizar el cumplimiento del respeto a la libertad de expresión y prensa, los jóvenes sugieren a las universidades constituirse en el foro de debate académico en cuanto a la problemática y propuestas de políticas públicas contra la impunidad, diseñando seminarios, talleres y cursos especializados.

En ese sentido, proponen que el derecho a la libertad de prensa sea una materia a incluir de manera interdisciplinaria en las universidades.

Consideran que esto permitiría formar profesionales con conciencia crítica.

Iniciativa.  Paola Pelletier recordó que el tema de investigación surgió a sugerencia del experimentado periodista Rafael Molina Morillo, director del periódico El Día, quien  presidía  entonces  la Sociedad Interamericana de Prensa. 

Caso Narciso González

Con relación a la desaparición en 1994 del periodista Narciso González,   los  estudiantes sostienen  que el pueblo dominicano tiene razones suficientes para reconocer un “mea culpa como entidad soberana y admitir que el presente caso tuvo una marcada incidencia política que ha producido una violación de derechos humanos perpetuada en el tiempo, impidiendo que las persecuciones y sanciones a los responsables de esta conducta fueran llevadas a cabo de manera eficiente, así como una indemnización y atención debida a los familiares de la víctima, que sienten que la mano de la justicia  ha sido indiferente a ellos”. Los futuros profesionales del derecho señalan que ante una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la República Dominicana, la misma debe ser cumplida en su totalidad. Consideran que las decisiones reparatorias del caso constituyen una forma de políticas públicas para “evitar que casos simulares vuelvan a repetirse”.

Sugieren que a través del Ministerio Público, el Estado garantice  protección  a los familiares de las víctimas  ante eventuales amenazas o presiones políticas como efecto de la sentencia que dictare dicho tribunal internacional con sede en Costa Rica.  Proponen también que el Poder Legislativo, incluya dentro del Código Penal, el crimen de la desaparición forzosa.

 Narciso González desapareció en  1994  sin que las autoridades hayan ofrecido una respuesta expedida sobre lo sucedido.

Las frases

Ángel González

A raíz de nuestra participación en México, a finales de marzo estaremos  en Washington  en una conferencia sobre el “Sistema interamericano y  libertad de expresión”.

 Samboy Hernández

Tomando en consideración que todos los ciudadanos se han convertido en  comunicadores,  a través de las redes sociales, se debe informar sobre los alcances  de la libertad expresión”.

Enmanuel Moreta Fermín

 Independientemente del resultado definitivo que emita  la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la República Dominicana tiene una deuda histórica con Narcisazo que debe cumplir y este es el momento”.