WASHINGTON (AP).- Decenas de estudiantes indocumentados, mayormente hispanos, simularon el martes una ceremonia de graduación frente al Capitolio para presionar por la aprobación de leyes que les permitan ir a las universidades.

Los estudiantes vistieron de toga y birrete y les colgaba del cuello un cartel que decía «¨Ahora qué?». En vez de recibir diplomas depositaron cajas con firmas de 65.000 compañeros peticionarios que están en la misma condición este año en Estados Unidos.

Marie González, de 18 años, de Costa Rica, estudiante con honores del colegio católico Helias de Jefferson, Misuri, estaba entre los graduandos simulados. Dijo que espera desde febrero la decisión final sobre la deportación junto con su familia «a un país que casi no conozco».

Igualmente, figuraban Paulina García Hernández, de 17 años, de Guadalajara, México, y Byron José Martínez, 16, de Guatemala. La primera inició hace casi una década las gestiones regulares para su legalización y el segundo tiene un proceso pendiente de petición de asilo.

Ellos, como Erika Ochoa, de 18, la mexicana del estado de Colima que cantó a capella el himno nacional estadounidense, son totalmente biling_es y estudian junto con compañeros nativos.

«Es una tragedia que cada año miles de estudiantes que se han criado y educado en este país no puedan iniciar estudios superiores por su estatus migratorio», dijo Lucile Roybal-Allard, representante demócrata por California y promotora de uno de dos proyectos que conceden beneficios a este tipo de estudiantes.

Bajo el actual sistema legal, los estudiantes indocumentados pueden cursar solamente primaria y secundaria, llamado en algunos países preparatoria. Si desean seguir estudios universitarios deben matricularse como estudiantes extranjeros, condición que en algunos casos multiplica por cinco o más los costos de enseñanza, si es que pueden conseguir una visa de estudiante.

La única forma de acceder a la enseñanza universitaria regular es con un número de seguro social, lo cual se obtiene solamente con la permanencia legal en el país.

El proyecto de Roybal-Allard, conocido como Ley de Ajuste Estudiantil, elimina esas restricciones federales y concede residencia legal a los estudiantes.

Un proyecto similar, llamado Ley DREAM (Ley de desarrollo, ayuda y educación para minorías extranjeras), está en gestión en el Senado, promovida por los senadores Orrin Hatch, republicano y Richard Durbin, demócrata.

Mientras que la Ley de Ajuste Estudiantil no ha pasado aún de una comisión legislativa, la Ley DREAM ya lo ha hecho y está en camino a su debate en el plenario. Pero Roybal-Allard admitió que ambos, como cualquier iniciativa relacionada con temas migratorios, «andan cuesta arriba» en un año de elecciones presidenciales.