La falta de un marco jurídico claro que vincule la demanda y la oferta de trabajadores inmigrantes en el país genera incertidumbre y aumenta los costos políticos y económicos de la migración, plantea el estudio de comercio bilateral «Haití, RD: más  que la suma de las partes» que lanzaron el Banco Mundial y el Ministerio de Economía,  Planificación y Desarrollo.

Refiere que el incremento en el intercambio comercial entre República Dominicana y Haití obliga a crear  un marco regulatorio para la migración y los movimientos de mano de obra entre las dos naciones a través de una comisión binacional.

“Es evidente la necesidad de contar con un marco regulatorio binacional para optimizar los beneficios mutuos derivados de los flujos migratorios dentro de Quisqueya”, señala.

Refiere que aproximadamente el 46% de los inmigrantes haitianos no permanece en el país, porque viene a  trabajar en la cosecha de caña de azúcar y luego regresa a su país.

Las remesas.  El estudio que analiza diversas formas de que ambas naciones unan esfuerzos para seguir impulsando su desarrollo económico y social, ve  necesario reducir los costos del envío de remesas desde la República Dominicana hacia Haití, con  la aplicación de medidas específicas para reducir las restricciones que se imponen sobre las transacciones.

Esas medidas, dice,  deberían incluir disposiciones que reduzcan los costos financieros de transferir dinero, lo que aumentaría  la competencia en ese sector. Propone   un análisis más profundo, que  identifique el problema y  proponga soluciones.

Sugiere que se aliente  el uso de remesas en sectores que promueven el crecimiento en Haití, que en 2010 recibió  US$1,300 millones por ese concepto, siendo República Dominicana  el segundo país  que más divisas envió a esa nación, después de EEUU.

Explica que las remesas enviadas por haitianos   residentes en el exterior  contribuyeron sustancialmente a atenuar el impacto del terremoto sobre la pobreza.

“La ausencia de un vínculo sólido entre remesas y crecimiento en Haití pone de relieve la necesidad de establecer medidas e incentivos para redirigir los recursos provenientes de las remesas hacia inversiones productivas y actividades que promuevan el crecimiento”, señala.

Propone crear  bonos de la diáspora o fondos de inversión para aumentar los gastos en infraestructura que reduzcan los costos de la producción comercializable  y  la puesta en marcha de una campaña educativa que instruya a la población sobre cómo las remesas pueden ayudar a los hogares a salir de la pobreza aumentando el ahorro y mejorando el capital humano.

Plantea que los dominicanos deben ver la  reconstrucción de Haití como una oportunidad para fortalecer la relación binacional, pero deben enfrentar los obstáculos existentes.

Estima que el desarrollo de un programa de trabajo para fortalecer el comercio binacional  debería tener como objetivos incentivar el diálogo sobre una reforma de la logística comercial y la mejora del comercio y el transporte en Quisqueya.

Además  identificar medidas concretas para abordar esos cuellos de botella y facilitar el transporte comercial transfronterizo entre los dos países.

Señala que la reconstrucción también es una oportunidad para diversificar las exportaciones a través del comercio regional.

También para aumentar   las  inversiones en nuevos productos de exportación con demanda creciente  y mejorando la capacidad de comerciar de los participantes del mercado en Haití, en especial en las provincias adyacentes a la frontera con la República Dominicana.

Refiere que  el  terremoto del 12 de enero de 2010 tuvo un impacto devastador sobre Haití, al causar un cuarto de millón de muertes y destruir aproximadamente el 8% del stock de capital, con pérdidas generales por el orden  de los  US$8000 millones, alrededor del  120% del PIB.

La emigración ayudó a cerca de 4000 hogares, unas  31, 000 personas a salir de la pobreza.

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Es un desafío

Se cuestiona que a pesar al  desafío que plantea la migración entre Haití y RD, no existe  un marco jurídico común que la regule. Los últimos intentos fueron los acuerdos de la Comisión Mixta Bilateral sobre las condiciones de repatriación de diciembre de 1999 y sobre las condiciones de contratación y la preparación de resultados de contratos en febrero de 2000, que nunca fueron aplicados ni respetados por ninguna de las partes.