La mejor apuesta por el futuro del país es aplicar reformas estructurales que permitan cerrar las brechas sociales y económicas presentes, a fin de prepararlo para afrontar los nuevos desafíos en un contexto mundial cada vez más complejo.

La recomendación aparece en el estudio “BIDeconomics República Dominicana: oportunidades para un desarrollo sostenible, inclusivo y resiliente”, presentado ayer vía Zoom por Marta Ruiz-Arranz, asesora económica regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Señala tres retos fundamentales para avanzar hacia una mayor inclusión y bienestar social y económico: capital humano, capacidad institucional y transformación productiva.
En las palabras de apertura en el lanzamiento de la investigación, el representante del BID en República Dominicana, Miguel Coronado, planteó que “el país no solo tiene el reto de volver a crecer, sino crecer mejor y más inclusivamente”.

Ruiz-Arranz resaltó que “para cerrar las brechas sociales y económicas es importante construir un aparato productivo dominicano menos vulnerable, más resiliente frente a shocks y capaz de crear empleos de más calidad”.

Agregó que eso implica consolidar y expandir las oportunidades productivas, apoyando los sectores estratégicos para recuperarse de la crisis actual mientras se implementan las reformas para atraer nuevas oportunidades de negocio que diversifiquen el aparato productivo.
Planteó que a corto plazo, el Gobierno debe seguir apoyando a la población vulnerable y al sector productivo para proteger el empleo formar y recuperar parte del que se ha perdido, al mismo tiempo que se garantice la estabilidad macrofiscal.
Expresó que la pandemia de covid-19 ha intensificado los problemas estructurales que tenía el país y “por eso es necesario las reformas estructurales pendientes y, sobre todo, un modelo de crecimiento más inclusivo, lo que significa más y mejores servicios de salud”.
Indicó que hay que aumentar el potencial productivo de la economía para hacerla más competitiva y crear mejores empleos, así como asegurar la sostenibilidad fiscal y mejorar la independencia de las instituciones para que las políticas publicas sean eficientes.
Recordó que en consolidación fiscal y fortalecimiento institucional, el país tiene déficits persistentes por más de una década y las desviaciones entre el presupuesto original y el realizado son comunes, lo que ha llevado a un crecimiento de la deuda pública consolidada que este año se espera que cierre en 68.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
Según el estudio, el país no cuenta con un marco de responsabilidad fiscal que limite el nivel de gasto y el endeudamiento público durante el tiempo en consonancia con los objetivos de desarrollo y con criterio de sostenibilidad.
Consideró que el país tiene excelentes condiciones para promover el crecimiento del sector exportador.