Berlín. Uno de cada tres latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos básicos, según un estudio presentado hoy por la ONG alemana Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú.

El informe “Las personas y la corrupción- América Latina y el Caribe” destaca además, tras entrevistar a más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre represalias. “La fotografía de la región no es positiva.

Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo un buen papel”, resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas, responsable de TI para las Américas.

Alejandro Salas, de Transparencia Internacional.

México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela (38 %) y Panamá (38 %).

En el extremo contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %), Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %) y Costa Rica (24 %). Entre ambos grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %), Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).

Las diferencias entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la “experiencia personal” de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a expertos.

En total, dos tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países- mientras en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe así.

De entre los encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes avanzan en la dirección correcta.