De acuerdo a resultados de un informe presentado hoy por Participación Ciudadana (PC),  la asignación de cerca de mil millones de pesos anuales al Ministerio de la Presidencia para que desempeñe tareas que corresponden a otros  ministerios especializados es cuestionable, y lo mismo sucede en torno al presupuesto del Despacho de la Primera Dama, cuya dependencia recibe más fondos que decenas de estructuras concebidas para servir a la población.

Rosalía Sosa, directora ejecutiva de PC, dijo que académicos, sociedad civil y funcionarios están llamados a trabajar juntos  para erradicar del Estado la figura del  caudillo, el culto a la personalidad, el irrespeto a la ley, el clientelismo, la confusión entre la persona y el órgano o la creación y la supresión del órgano por conveniencia particular.

“Estamos convencidos que los espacios de diálogo y reflexión Estado-sociedad civil deben ser fortalecidos y potenciados, para contribuir con la búsqueda   del consenso político para la efectiva trasformación de la administración pública y su reestructuración orgánica”, enfatizó Sosa.

Además, la directora ejecutiva de PC recordó que antes de ser electo presidente Danilo Medina firmó el  Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, mediante el cual se comprometió con la eliminación “de la duplicidad existente en varios órganos de la administración pública, suprimiendo cuantas instituciones sean excedentes y procurando, cuando fuese necesario, el apoyo del Congreso Nacional para los cambios legislativos requeridos para consolidar órganos que cumplen funciones parecidas o superpuestas”.

Estos señalamientos se encuentran en el informe preliminar  del estudio  “Estructuras del Estado dominicano: Hacia  una renovación pertinente”, conocido en el panel “Reestructuración orgánica del Estado”, que se celebró este martes en el salón Constanza  del hotel Magna (Meliá).

La actividad se desarrolló como parte del proyecto “Participación de la Sociedad Civil en la reforma y la gestión de la Administración Pública”, que financia la  Unión Europea.

Sobre el documento.

El documento de la autoría del investigador Faustino Collado  explica que, pese a la puesta en vigencia de normativas encaminadas a modernizar la administración pública en República Dominicana, en en la actualidad existen organizaciones  con funciones redundantes, como el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Instituto Nacional del Azúcar (INAZUCAR); la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y otras ocho instituciones similares; los planes de asistencia del Despacho de la Primera Dama, el Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia y los fondos de asistencia (barrilito y cofrecito) asignados a senadores y diputados; la Liga Municipal Dominicana y ayuntamientos que ya son completamente autónomos técnica y financieramente.