La República Dominicana es uno de los países con mayor centralización en el gasto público, a pesar de que en los últimos tiempos  ha tomado fuerza el discurso de que debe haber una mayor descentralización, con una participación más destacada de los gobiernos municipales en la gestión pública.

Según un estudio divulgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de la autoría de  Letelier, Centroamérica aparece como una región bastante centralizada en el contexto mundial, pero los mayores niveles de centralización se dan en  Costa Rica, Panamá y República Dominicana, donde la participación del gasto municipal como proporción del gasto del gobierno central,  no supera el  3,2%.

El estudio indica que si se parte del criterio de que mientras mayor es la densidad poblacional de un país, mayor debiera ser su grado de descentralización, El Salvador y República Dominicana aparecen claramente rezagados en materia de descentralización.

 En contraposición, tanto Nicaragua como Guatemala exhiben mayor grado de descentralización en la región, a pesar de registrar menor ingreso por habitante y densidad poblacional.

El estudio constata  que los países de la región  exhiben un bajo Indice de Descentralización Fiscal (IDF) para su nivel de densidad poblacional, aunque esto es más evidente en los casos de  República Dominicana y El Salvador.

No obstante, al comparar las transferencias que reciben los municipios de parte del Gobierno Central (como porcentaje de sus ingresos totales) con las competencias asignadas a los gobiernos locales, el estudio indica que Guatemala y Honduras aparecen como los países con mayor coherencia entre estos dos aspectos, mientras que República Dominicana y El Salvador registran excesivas trasferencias para las funciones municipales. En contraposición, Nicaragua observa transferencias insuficientes para las competencias asignadas.

En cuanto a la legislación que regula el gasto muncipal, el estudio indica que en el caso de la República Dominicana, de acuerdo con la ley vigente, el Gobierno Central debe destinar a los municipios un 10% de los recursos fiscales “generados por fuentes de recaudación interna de la nación”, los cuales se distribuirían en proporción al número de habitantes de cada municipio.

Agrega que los ayuntamientos deben enviar trimestralmente a la Contraloría General, la Cámara  de Cuentas y la Liga Municipal Dominicana (LMD), un informe justificando el uso de esos recursos.

Sin embargo, indica que un aspecto controvertido  es que la misma Ley 166 de 2003 establece que un 5% del 10% antes mencionado, será transferido a la LMD, organismo creado en 1938, cuyas funciones son de asesoría técnica, promoción de la cooperación y revisión de cuentas y presupuestos municipales.

Agrega que esta última función le fue asignada en 1965 en virtud de la Ley 637, y suele consignarse como un obstáculo a la autonomía municipal.

También indica que este organismo también cumple un papel de aval de la deuda municipal, la cual respalda – al igual que en El Salvador – en base a las propias transferencias a los municipios.

Asimismo, explica que el comité ejecutivo de la LMD está constituido por un Secretario General más 32 representantes de todos los municipios, pero que la elección del secretario  suele generar gran expectativa y controversia en la agenda pública dominicana.

De acuerdo a la legislación vigente, los recursos asignados a la LMD deben destinarse en un 40% para gastos administrativos, 5% para la creación de reserva y 55% “entre los municipios menos favorecidos”, pero el estudio señala que  la ley no establece con claridad cuál es el criterio de asignación de este último porcentaje, circunstancia que facilita el clientelismo político y desvirtúa la función de este organismo.

El estudio plantea que si  bien la descentralización como medio para fortalecer la eficiencia del Estado en la provisión de servicios públicos, no se encuentra explícita en el mensaje político de la región, en años recientes se observa una evidente voluntad de avanzar hacia el fortalecimiento de las finanzas locales. Ello se expresa, entre otros factores, en la introducción de mecanismos de transferencias desde el Gobierno Central en beneficio municipal. Esto ha significado un importante incremento en los recursos disponibles en los niveles locales de gobierno. Sin embargo,  también señala que ha hecho patente la debilidad de los municipios centroamericanos y de la República Dominicana  para generar ingresos propios.

El estudio observa que es  altamente probable que la descentralización favorecerá una estructura más heterogénea de gasto público al interior de los países.

 El efecto neto de una mayor descentralización en funciones específicas de éste, exige considerar tanto los beneficios de una mejor asignación de recursos, como los potenciales costos asociados a la peor coordinación y pérdida de economías de escala.

 El estudio advierte la importancia de considerar qué condiciones de contexto deben cumplirse para que  la descentralización genere los efectos esperados o, al menos, no provoque un efecto neto negativo sobre la eficiencia económica.

Las cifras

34,7

Por ciento.  Transferencias promedio en Centroamérica del gobierno central a los municipios.

  39,0

Por ciento,  países industriales.

30,0

Por ciento,  en AL.