Según un estudio realizado en el país por académicos de la Universidad Nacional de Costa Rica unas 254 mil personas que viven en la pobreza fueron documentadas por el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales y la Junta Central Electoral, lo que ha permitido mayor ingreso de estos grupos vulnerables a los programas sociales del Gobierno.

El proyecto contó con apoyo del Banco Mundial, y los datos están contenidos en el estudio “Línea Base y Evaluación del Impacto del Proyecto de Inversión en Protección Social (PIPS)”, realizado por el Centro Internacional de Política Económica de esa universidad, el cual es una iniciativa de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández.

Los resultados de la investigación, presentada por Arlette Pichardo Muñiz, de la casa de altos estudios, reveló que la adquisición de acta de nacimiento y cédula de identidad y electoral han permitido que más familias que viven en vulnerabilidad se beneficien de los programas de transferencias monetarias condicionadas y de los subsidios gubernamentales.