La participación pública en la gestión del medio ambiente, tal como ordena la ley, no está garantizada ya que la ciudadanía no siempre tiene acceso a informaciones sobre concesiones y permisos y tiene limitaciones para denunciar delitos ambientales, según un estudio de Participación Ciudadana.
La investigación arrojó que aún no está en funcionamiento el Consejo Nacional de Medio Ambiente como órgano de mayor jerarquía en las políticas ambientales, así como el Sistema de Información Ambiental, que es un organismo de ejecución.
Asimismo cuestionó el papel de la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal (UGAM), que si bien están instaladas en los cabildos no cuentan con recursos ni estructura para su trabajo.
La investigación, dada a conocer ayer, forma parte del proyecto “Transparencia y Rendición de Cuentas en la Planificación Territorial Dominicana”. Fue elaborada por los consultores Sandra Nogué Collazo, José Luis Hernández Cedeño y Ayalivis García Medrano.
El estudio señala que la Ley General de Medio Ambiente (64-00), aprobada hace 17 años, contiene uno de los aportes más importantes en materia de acceso a la información, participación ciudadana en la toma de decisiones y acceso a la justicia.
Reconoce que ha habido avances, pero se requiere implementar el Sistema de Información Ambiental para mayor acceso de la ciudadanía, ya que en la Oficina de Acceso a la Información Pública no siempre se ofertan los datos requeridos.
También se debe cumplir con lo dispuesto en la ley en relación con los estudios, publicaciones y estadísticas, como es el caso del Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y publicar nuevos informes sectoriales. “La participación ciudadana real y efectiva en la toma de decisiones va más allá del acceso a la información o permitir la expresión de opiniones”.
En cuanto a la Procuraduría de Medio Ambiente, el estudio indica que debe ser evaluada a profundidad pues es necesario que los avances en materia de justicia ambiental que contiene la ley se traduzcan en un verdadero logro para el Estado, la institucionalidad y los ciudadanos.
“Sin descalificar el trabajo que lleva a cabo esta dependencia y reconociendo las precariedades con las que trabaja, entendemos el país no puede exhibir como un logro el crear esta instancia si la misma, por las razones que sea, no juega el rol que le corresponde de manera eficiente”.