La República Dominicana tiene como una necesidad nacional de carácter prioritario acelerar el proceso de reforma para el sector agua y saneamiento iniciado hace alrededor de veinte años; reintroduciendo y terminando por aprobar en el Congreso el proyecto de ley sectorial.
Esta urgencia es a fin de conducción de las políticas para la sostenibilidad y atender de manera prioritaria los sectores y regiones más vulnerables y universalizar la cobertura de agua y saneamiento.
Así se establece en el Monitoreo de los Avances de País en Agua Potable y Saneamiento (Mapas), publicado por el Banco Mundial y que estuvo a cargo del ingeniero Leonardo Mercedes Matos.
Plantea que entre los hallazgos más relevantes del monitoreo se destaca la existencia de una situación apenas medianamente satisfactoria del sector a nivel nacional, en la que ninguno de los subsectores alcanza una calificación alta, destacándose el estado crítico de los servicios de agua potable a nivel rural y una situación algo satisfactoria (medio-baja) para el área urbana, igual que el saneamiento e higiene rural.

Indica que en la actualidad el marco institucional del sector está afectado por una pobre planificación sectorial, sumándose la ausencia de políticas específicas en agua, saneamiento e higiene y por asignaciones presupuestarias insuficientes y menguantes, que ponen en cuestión el alcance de las metas nacionales.

Es por tanto que la investigación indica la necesidad de que haya un ente regulador que promueva la eficiencia operativa y sostenibilidad financiera de los proveedores.
Asimismo que a la vez asegure la calidad de los servicios a través de la vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente, de su oferta a precios justos y razonables que garanticen el acceso de las familias más pobres, pero ante todo, que haya un enfoque al usuario como sujeto del servicio.
Transparencia. En el estudio se señala que es necesario garantizar la disponibilidad y uso eficiente y transparente de fondos para rehabilitar y reponer los sistemas de agua potable y de saneamiento que rebasaron o están por rebasar su vida útil y para construir la infraestructura necesaria que posibiliten el mejoramiento de los resultados obtenidos y el cumplimiento de las metas trazadas por la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Considera que el subsidio indiscriminado del Gobierno a las tarifas deberá ir disminuyendo y focalizándose en los estratos más pobres y vulnerables de la población y que haya un régimen tarifario que asegure la recuperación a mediano plazo de los costos operacionales y los costos de inversión a largo plazo.
Otra de las debilidades es que las funciones de rectoría, regulación y operación de los servicios están asignadas legalmente a varias instituciones públicas a la vez, lo que crea conflictos y solapamiento que dificultan su ejercicio efectivo.
En el estudio se hacen una serie de recomendaciones de políticas para el ámbito institucional, en lo rural y urbano.