JOSÉ LUIS ALEMÁN SJ
La Conferencia del Lic. Juan Hernández sobre Evasión Tributaria en la Cámara Americana de Comercio revela en su sencillez el dominio del tema y la sinceridad que lo caracterizan. El problema es muy nuestro.

La evasión tributaria en América Latina no figura en ningún Catecismo como infracción grave de la moral. Incluso en Textos avanzados de Ética, la que yo estudié en la Universidad de Comillas, el tema se trataba bastante a fondo pero contra toda lógica se concluía que más que una obligación ética que obliga en conciencia en todo tiempo y lugar como el robo era una obligación penal que sólo obliga en conciencia a cumplir condena y a pagar las costas y multas en caso de que exista dictamen judicial.

La base de esta curiosa opinión moral era la arbitrariedad de los impuestos no pocas veces confiscatorios, la irresponsabilidad financiera de los Estados (recordemos que tanto Carlos V como su hijo Felipe II quebraron en varias ocasiones el fisco real al verse imposibilitados de devolver los préstamos de los Fugger lo que los obligó a ceder los avales convenidos y a devaluar la moneda), los enormes costos del consumo real y de la construcción de Catedrales y Palacios (los megaproyectos de la era) y las guerras de Flandes e Italia.

Las Comunas Castellanas negaron aprobación en Cortes de los impuestos solicitados por la corona y se rebelaron contra la amenaza real de forzarlos sin su aprobación. El choque Ejecutivo-Congreso no es cosa de nuestros días ni peculiaridades del ordenamiento jurídico norteamericano o europeo donde no se dan luchas partidistas que afecten el bienestar nacional ¿? sino ineludible imposición del buen Gobierno que no quiere ningún poder estatal monopólico. Volviendo al tema sin haber salido de él parece probable que los teólogos españoles de los siglos XVI y XVII pensasen que el poder fiscal que quedó en manos del Rey era cuestionable y que la mera obligación penal de la evasión fiscal era un modo de quedar bien con Dios y con el Diablo. Política moral. Ni la moral al servicio del fisco ni al servicio de los nobles y grandes comerciantes citadinos. Una componenda.

De hecho los latinoamericanos asumimos en la práctica la mera obligación penal de los impuestos, equitativos o no, legítimamente aprobados o no. Nada raro que los países de América Latina exhibamos la peor distribución de la riqueza del mundo comparando la participación en el ingreso del 5% más rico con el del 40% más pobre. Politólogos notables como Mons. Pittau, doctor en Ciencias Políticas de Harvard y exRector de la Universidad Gregoriana, creen innegable una relación de causa y efecto entre la obligación meramente penal de los impuestos y la desigualdad económica.

Ciertamente el contenido ético fundamentalmente económico de muchas sectas no conformistas de la Reforma era distinto. Entre las preguntas que los aspirantes al bautizo o a la participación en la Cena del Señor debían responder figuran si el aspirante comercia bienes antes de haber pagado todos sus impuestos o si toma préstamos sin seguridad moral de poder devolverlos.

Una actitud religiosa correcta exige una conciencia económica moralmente educada.

EL RECORDATORIO ÉTICO DEL LICENCIADO HERNÁNDEZ

Sin ínfulas de predicador barato el Lcdo. Hernández ha resumido dos razones fundamentales de la obligación de pagar impuestos al señalar dos consecuencias de su evasión: «Desde el primer momento que asumimos nuestras funciones nos abocamos a revertir… el gran problema de hoy: el incremento desmesurado de la evasión de los impuestos… Se trata de una misión donde todos debemos formar parte, pues representa la única forma de evitar que la evasión tributaria se convierta en un instrumento adicional de competencia desleal y que prive, además al Estado de los recursos que requiere para proveer servicios públicos de calidad».

a) La competencia desleal es consecuencia de que unos contribuyentes paguen un impuesto y otros no. Cuando el impuesto grava directamente la renta el efecto discriminatorio se manifiesta en quien lo paga en la disminución de parte del flujo de ingreso o del valor del capital: el salario real disminuye en el primer caso, en el segundo el valor de mercado potencial de los activos. La persona física o moral se encuentra en situación de inferioridad de consumo o de capitalización respecto a quien no paga.

El efecto discriminatorio es mucho mayor cuando en un impuesto sobre la venta o la transferencia de un bien o de un servicio todos cobran el impuesto pero unos no lo transfieren al fisco y otros sí. El aumento de los precios se convierte para el evasor en incremento de la ganancia, no sólo de su conservación, y aumenta su poder de mercado al poder conceder mayores consideraciones (precios incluidos) a sus clientes que el del competidor que cumple con el Fisco. Aun cuando no se aproveche de este potencial el evasor tiene menos necesidad de capital: sencillamente el Fisco defraudado le permite disponer de un capital mayor. Esta jugada maestra de la evasión lleva al extremo, cuando una parte apreciable de la competencia es fiscalmente honesta, a desear tasas impositivas más altas que saquen del mercado a los contribuyentes sumisos.

El caso es frecuente: si un importador de carros obtiene una rebaja de los derechos aduaneros no prevista en la ley puede sacar del mercado a la competencia. Cínicamente los evasores se glorían de su dominio de las variables «institucionales». Imposible para comerciantes serios competir con los evasores. El juego de estos no se reduce a evadir el pago de impuestos sino a evitar que otros lo logren. La moraleja no es la de que todos juguemos parejos o se rompa el juego sino que éste continúe y no se nivelen las manos.

Para colmo de desdichas la fama de deshonestos se la llevan todos los comerciantes y o fabricantes. Sería monstruoso afirmar que todos los contribuyentes son evasores pero el mal está extendido. Dice el Lcdo. Hernández que 6,876 empresas afiliadas al Registro Nacional de Contribuyentes «utilizan números de identificación para registrar operaciones con tarjetas, distintos del RNC con el cual declaran; es decir realizan ventas que no registran para fines de su declaración del ITBIs». Se me ocurre preguntar con qué números están registrados esos linces en los sistemas de pago con tarjeta y qué controles tienen éstos de identidad bancaria. ¿Será el famoso «sistema», no sólo los evasores, lo que deja mucho que desear?

b) La insuficiencia de recursos fiscales no se deja apreciar moralmente de manera tan obvia. En última instancia, sin embargo, su fundamento moral es comprensible y no se basa solamente en el natural sentimiento de solidaridad hacia los más necesitados de recursos. Los economistas al analizar muchos proyectos públicos y al tratar de fijar un precio a bienes obvios que no están en el mercado hemos llegado a la conclusión de que todo proyecto y toda empresa se beneficia de economías externas a ella misma para las que no hay precios ni costos de mercado.

Comienzo con un ejemplo llamativo: las empresas todas no familiares se benefician de una mano de obra más o menos preparada en escuelas públicas o privadas para cuya preparación no contribuyeron pero de la que se benefician. Dígase lo mismo de la infraestructura física vial, del siempre posible aunque siempre criticado recurso a la fuerza pública y a los tribunales, del nivel sanitario de la población, del acceso a agua potable y entre nosotros a la misma electricidad, etc. Ninguna empresa ha financiado en su integridad los insumos que requiere y una parte apreciable de los mismos no ha sido ofrecida por otras empresas privadas. Estas externalidades las ofrece el sector público aun cuando el sector privado pudiera haberlo hecho. Sin un apreciable financiamiento público los proyectos privados no estarían disponibles. Sin ellos no tiene sentido hablar de expectativas favorables: la sociedad sería en mucho mayor grado un parque inmisericorde de darwinismo.

Una parte de estas externalidades la producen instituciones de interés social como las iglesias, los directorios de instituciones de salud como el Oncológico o la Plaza de la Salud, los grupos ambientales y ONGs de todos los tipos. Pero nadie puede negar que los benefactores privados son, en conjunto, insuficientes y requieren, por el mismo avance tecnológico y social, financiamiento y regulación pública.

Por más esfuerzos que haga el entendimiento desinteresado por negar o disminuir externalidades que son concausa del éxito de cualquier empresa no hay justificación económica para resistirse ni a su financiamiento ni a un sistema impositivo en el cual quienes más puedan tengan que ayudar más.

Lógicamente no se desprende de estos hechos ni que el Estado se empeñe en monopolizar servicios e inversiones que otros pueden realizara mejor y más económicamente aun con subvención pública (el principio de subsidiaridad de la Unión Europea y de la Iglesia Católica) ni en que pueda hacerlo megalaganariamente sin sistemas de monitoreo y auditoría a ser posible no controlada por el mismo Gobierno. Pero la obligación tributaria como contribución ya que no precio a las externalidades de origen público es evidente para quien no tenga que pagarla.

Nada más justo que las personas con ingresos anuales de RD$ 2 millones de pesos tengan obligaciones fiscales de impuestos sobre la renta en el Régimen de Estimación Simple.

RECORDATORIO ÉTICO AL LIC. HERNÁNDEZ

Quisiera imitar al Lcdo. Hernández en su sencillez. Por eso del océano de demandas éticas al Fisco bajo las cuales se esconde la evasión escojo dos demandas que él mismo presenta en su conferencia como aporte de la Dirección General de Impuestos Internos para un Gran Pacto de Cumplimiento Tributario con los Contribuyentes: calidad del servicio y personal ética y profesionalmente inobjetable. Un par de observaciones pedestres sobre el aporte de la Dirección.

a) existe el peligro de reducir la calidad del servicio a una sustancial mejoría del g-business. Sin duda un buen directorio de los procesos por los cuales hay que pasar a la hora de cumplir con la obligación de pagar impuestos y la posibilidad de hacerlo por vía bancaria electrónica aumenta su facilidad y disminuye el tiempo requerido para hacerlo.

Existen sin embargo casos en los que la presencia física todavía es necesaria o muy recomendable: impuestos de vehículos de motor, tasación del valor de propiedades, pago de moras, etc. Las incomodidades físicas actuales de las oficinas recaudadoras son bien manifiestas: falta de espacio y de muebles de espera, filas largas e irregulares amenazadas continuamente por tributarios y abogados en busca de prioridad, falta de empleados y de equipos informáticos, lentitud de despacho, horarios inadecuados, facilidades higiénicas miserables etc. Pagar impuestos nunca es agradable pero tener que hacerlo en un ambiente hostil resulta inaceptable para una sociedad en la cual el sistema de pagos y reclamaciones de muchas empresas privadas es rápido y los empleados tienen que ser amables. Servicio de calidad y ambiente de penuria y congestión son irreconciliables. La arrabalización de las oficinas favorece la de los servicios.

Tampoco podemos olvidar que muchos contribuyentes de menos recursos no tienen acceso a equipo de computación o destreza en su uso.

Todavía hoy, a pesar de innegables y bienvenidos adelantos, el servicio de calidad tributaria es un ideal al que las oficinas públicas se acercan muy lentamente.

b) En casi todas las oficinas públicas dominicanas es difícil contratar personal profesionalmente preparado en cargos medios y superiores. Los salarios son bajos, el ambiente físico y el prestigio social son deficientes, la precariedad persigue al empleado, el ascenso social está vinculado al partido e incluso a grupos en el poder y ni siquiera resulta muy apetecible la perspectiva de una pensión mínima. En muchos países el señuelo de la administración pública viene dado por la estabilidad y la seguridad de una pensión.

La Dirección General de Impuestos Internos sólo puede ofrecer cursos y talleres que perfeccionen la práctica profesional y luchar por una justa mejoría salarial basada en el peligro que conlleva la recaudación de dinero y en la imprescindible discrecionalidad implícita en todo aumento impositivo de importancia como sucede en la actualidad con los impuestos a la propiedad física. Sorprendentemente la fama de los empleados de la Dirección General de Impuestos Internos es buena a diferencia de la imagen de los de Aduanas. ¿Se deberá esta diferencia a la mayor propensión de los importadores a la evasión fiscal?

Estas obvias consideraciones sobre el Gran Pacto de Cumplimiento Tributario bastan para calibrar sus dificultades y para comprender que si se desea seriamente es imprescindible el robustecimiento de una cultura punitiva de evasores y corruptos administradores tributarios. El Lcdo. Hernández es bien explícito. Sin duda una motivación ética positiva sigue siendo de importancia capital pero cualquier código legal que se limite a castigar infracciones con multas negociadas y con despidos o traslados de los administradores fiscales puede tender a tolerar un mal de tan largas y viejas raíces como la evasión tributaria y a mantener un Estado incapaz por su precariedad de disminuir la pobreza.

MATICES

El tema de la evasión tributaria se presta a satanizaciones indebidas. Por el hecho de que una parte apreciable de los contribuyentes evada impuestos no debe afirmarse que es éste un mal endémico ni del capitalismo (la experiencia rusa es bien aleccionadora) ni del dominicano. En realidad la legitimación última del Pacto reside en buena parte en la discriminación contra los contribuyentes de parte de los evasores.

Es más fácil creer en un Pacto Tributario que en un Pacto Nacional. El problema no está en una mayor credibilidad del Director de Impuestos Internos que en la del Presidente sino en que éste tiene que torear a más toros, quizás los mismos pero en muchas arenas que acosan desde ángulos diversos: subsidios, exenciones, alianzas, huelgas por motivos económicos y de otra índole (partidistas, por ejemplo).

Pero la credibilidad del Pacto exige sanciones contra evasores en altos cargos actuales. No olvido el impacto que me causó en los setenta el juicio, condena y reclusión en cárcel por varios años del mismo Vicepresidente electo de los Estados Unidos, Spirus Agnew, a quien la Dirección de Recursos demostró falsificación en su declaración de impuestos. Afortunadamente para nosotros el prestigio moral de nuestro Vicepresidente vuelve inverosímil una versión tropicalizada de ese caso.