Hoy 
Es oportuna la ocasión para expresar mi indignación, que debe convertirse en una rebeldía generalizada, ya está bueno de resistir tanta violación, exclusión,corrupción e impunidad.
También es propicio analizar y demostrar la ausencia de políticas anticorrupción efectivas, que toquen los elementos sistémicos y estructurales de la corrupción rampante presente en el Estado dominicano.
La intención de querer iniciar esta nueva gestión proyectando austeridad, transparencia, voluntad y empatía, ha quedado entredicho en algunas de las medidas originadas, no es nada progresista, ni se corrige lo que está mal, cuando se institucionaliza la corrupción y la impunidad en la administración pública.
Podemos afirmar precisamente hoy, a los 80 días de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez, que el camino escogido por él, no conduce en la práctica a la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Uno de los pilares del plan de gobierno del presidente Medina decía: una institucionalidad pública participativa para el bienestar social, que tenia como ejes de acción, la tolerancia cero a la corrupción, con enfoque participativo y estricto cumplimiento de la ley.
El primer decreto promulgado horas después de la toma de posesión, marcó la primera contradicción con el discurso que recién había pronunciado ante la Asamblea Nacional y se convirtió inmediatamente en el inicio de la tolerancia y protección de la corrupción, marcando la tendencia y la continuidad del dispendio, el despilfarro y la ausencia de una real voluntad para combatir la corrupción.
En su primer discurso como Presidente electo, Danilo Medina expresó su propósito de enfrentar la corrupción y poner fin a la impunidad, cuando declaró Seré amoroso con los buenos, los honestos y los humildes e implacable con los deshonestos, los oportunistas y los soberbios, pero sus posteriores designaciones, rápidamente nos indicaban todo lo contrario, prefirió continuar rodeado de oportunistas y deshonestos.
Por eso la sociedad rechazó los nombramientos y ratificaciones de funcionarios de la pasada administración, muchos de los cuales fueron y son acusados de malversación de los fondos públicos y en las primeras horas de su gestión, fuimos testigos de la continuidad de lo que estaba mal y de lo que no cambiaria.
Con esa primera medida facilitó y dio continuidad a la falta de voluntad de perseguir la corrupción que existió en la gestión pasada, de su propio partido y que se despidió el 16 de agosto, con decenas de expedientes de corrupción sin investigar y sin sentencia condenatoria definitiva.
En lo relativo a la tolerancia cero a la corrupción, el Plan de Gobierno establecía que su gestión pretendía combatir los cuatro factores más importantes que afectan la justicia en el combate a la corrupción: el acceso, la impunidad, la congestión y la falta de confianza.
Asimismo, en el pilar señalado se establecía la racionalización y normalización de la estructura organizativa del Estado, en atención a lo establecido por la Constitución dominicana y la Estrategia Nacional de Desarrollo, con el fin de suprimir instituciones públicas o fusionar otras, para que respondan a los principios y criterios de eficiencia, calidad, coordinación y maximización de la oferta de servicios públicos.
Pero tampoco en estos 80 días se ha cumplido con un verdadero programa de racionalización de la administración pública y a la fecha aún se mantiene sin ser eliminadas decenas de instituciones con roles y competencias duales y difusas, que sólo sirven para la repartición, la clientela política y la acumulación de capitales, como es el caso de la Oficina Supervisora de Obras de Estado.
Otra medida tomada en los primeros días de gobierno, fue la firma del Código de Pautas Ética. En principio, su esencia fue bien valorada por la sociedad, pero el acto de firma en el primer Consejo de Gobierno, puede ser considerado como una burla o un simple encuentro protocolar, si consideramos los actores que se atrevieron y osaron firmarlo y que supuestamente se comprometieron con un comportamiento ético, cuando sus prácticas políticas son antiéticas, rodeadas de inmoralidades y son, en algunos casos, sujetos amorales.
En estos 80 días del rápidamente viejo gobierno, ha salido a flote la descomposición que afecta el ejercicio del poder público.
La manifestación más visible, es el déficit fiscal encontrado, el cúmulo de denuncias sin resolver, sin investigar y sin sancionar en todos los ámbitos de la estructura del Estado, aunque mucho se ha discutido sobre ello a través de los medios de comunicación, hasta ahora ha fracasado rotundamente en su esclarecimiento y sanción penal.
También debemos mencionar que el 21 de agosto fue promulgado el decreto 486-12, que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para sustituir la desacreditada Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, que tiene el objetivo de ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental, pero surgió, se creó dicha entidad e inmediatamente sucumbió, porque no creemos ni esperamos ningún resultado al nombrar como Director de dicha institución el Doctor Mario Vinicio Castillo.
Un personaje funesto de nuestra historia, quien fue el presidente de la Comisión Nacional de Ética y Combate Contra la Corrupción en el Gobierno de Leonel Fernández, en ese mismo período era Asesor del Poder Ejecutivo en materia de Narcotráfico y abogado de la defensa de los condenados por los fraudes bancarios.
El Doctor Vincho Castillo desde la función que ostenta tiene a su cargo promover y realizar investigaciones en la administración pública sobre temas de ética e identificar oportunidades para robustecer el régimen ético, pero recientemente realizó todo lo contrario y salió a la defensa de Félix Bautista, solo con el anuncio del Procurador General de la República de reabrir uno de los expedientes de corrupción que el Doctor Hotoniel Bonilla había archivado dos días antes del 16 de agosto.
Por eso del dicho al hecho, de la palabra a la acción, registramos una distancia y una muestra de la incoherencia del gobierno, al plantear la necesidad de una reforma tributaria, sin un compromiso firme contra la corrupción.
No tenemos la menor duda que el escenario fiscal originado por el fraude, el despilfarro, el gasto sin control, que enfrenta el país tras las elecciones es alarmante, pero más impresionante es la protección asumida por el Presidente Medina, para que no se investigue y sancione a sus responsables, una muestra más de la complicidad y confabulación que le imposibilitan inspirar confianza en la ciudadanía de que va hacer lo que nunca se hizo.
Las proyecciones indican que el déficit del sector público terminará el año por encima del 8% del PIB.
El uso indiscriminado de los recursos estatales con fines políticos ha llevado a que más del 75% del presupuesto de inversión se haya ejecutado en el primer trimestre del año.
El nuevo presidente inició su mandato con un Estado quebrado por sus propios compañeros de partido y que hoy le acompañan en áreas fundamentales de la dirección del Estado.
En este contexto, la ciudadanía esperaba muestras de que el ajuste comenzará reduciendo el gasto público en sectores y áreas no prioritarias, así como con el ajuste de la nómina pública a las verdaderas necesidades del Estado y no del Partido de la Liberación Dominicana sus aliadosy su clientela.
Por eso debemos estar claros que el llamado déficit fiscal y la propuesta de reforma tributaria que nos quieren cargar, es el resultado de un déficit en el combate a la corrupción, ese déficites apoyado por la impunidad y connivencia del Presidente de la República con los responsables del fraude fiscal.
Estos hechos concretos nos permiten afirmar que el Gobierno Dominicano, no ha cumplido con el mandato que le asigna la Constitución y las leyes en la preservación y administración de los recursos públicos con eficiencia y transparencia, por el contrario ha ignorado y hasta protegido a funcionarios que exhiben de manera ostentosa riquezas que no pueden justificar con su trabajo.
Esa impunidad de facto degrada la sociedad, la lesiona, porque frena al Ministerio Público para que investigue a los infractores e imputados de casos de corrupción, una demostración delabandono por parte de los órganos de gobierno para demostrar la culpabilidad en casos de enriquecimiento ilícito.
Por eso asumimos que existe una decisión política para evitar que los responsables de algún hecho de corrupción sean sancionados, que no es más, que la complicidad entre la autoridad y el delincuente.
En ese sentido el rol del gobierno de Danilo Mediana frente a la impunidad ha sido penoso, desalentador.
La falta de compromiso, de verdadera voluntad del Ejecutivo, Legislativo o Judicial, permitirá que los niveles de corrupción, crezcan y se expanda.
En un país donde exista una indiscutible voluntad política de perseguir y combatir la corrupción, hoy estuviéramos hablando de una nueva conformación y de la reestructuración funcional de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público (DPCA) y de seguro que el Doctor Hotoniel Bonilla, no fuera su director, en una gestión que tuviera la voluntad de perseguir los delitos de cuello blanco y la corrupción.
Es lamentable el hecho que el Presidente de la República y el Procurador General de la República, aún mantiene al Doctor Bonilla como Director de la DPCA, que para mí la única explicación lógica, es el hecho de que no se investigue nada y seguir con el manto de la impunidad.
La sociedad dominicana esperaba y necesitaba con urgencia un Ministerio Público proactivo, implacable e irreverente ante la corrupción, impulsando amplios procesos persecutorios de los delitos contra la cosa pública.
Es inaceptable que ante los resultados de las auditorias realizadas por la Cámara de Cuentas, que apenas se produzca en el caso de la Dirección General de Bienes Nacionales la destitución del funcionario responsable y que el Ministerio Público no realice ninguna investigación, para establecer la responsabilidad penal de los imputados, como pasó también en el caso de las pensionados ilegales,que solo se produce la destitución y esto debe ser solo el inicio de un proceso penal y no el fin en si mismo.
Este gobierno con su silencio ante la corrupción, genera miedo y va desarticulando el tejido social, porque se ha configurado un comportamiento institucional perverso que crea riesgos constantes, donde no hay capacidad, ni interés para prevenir, combatir y sancionar las prácticas que a diario afectan la vida de las personas y mucho menos recuperar el patrimonio público derrochado y que solo ha enriquecido a unos pocos, sobre la base del empobrecimiento de una mayoría.
Si a eso sumamos los problemas políticos, económicos y sociales, tenemos como resultado un gobierno que no quiere atender las necesidades más sentidas de la población.
De ahí surgen los problemas de ingobernabilidad, inestabilidad política, confrontación, conflictividad y de llamado a la desobediencia civil.
En la actualidad la sociedad dominicana atraviesa por un momento especial en el proceso de superación de los obstáculos que han impedido la consolidación democrática.
En ese sentido, preocupa que la confianza en las instituciones públicas, la misma siguendisminuyendo y no se vea un esfuerzo orquestado para fortalecer imagen, adoptando medidas tendentes a ser firmes en la lucha anticorrupción, promoción de la transparencia y trabajar por construir un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.
Creemos necesario impulsar acción de movilización ciudadana, para velar por las garantías de nuestro sistema democrático, sobre todo garantizar una real separación de poderes y un real peso de frenos y contra pesos de los poderes públicos, que permita reducir la concentración del poder, por ser fuente de regímenes autoritarios, arbitrarios y despóticos, que no concertan, ni busca el dialogo.
La sociedad dominica en la actualidad debe garantizar el principio de separación de poderes, de este modo se garantiza que el poder no sea acumulado, ni utilizado para fines diferentes a los del estado de bienestar de la mayoría de la población.
El nivel de deterioro de la institucionalidad y el estancamiento en la lucha contra la corrupción, que en los últimos días ha quedado más que evidenciado, con el incremento de la impunidad, la ausencia de controles y fiscalización de los fondos públicos.
Del Presidente Danilo Medina, muchos de ustedes esperaban mucho, no solo por la plataforma programática que ofertó a la ciudadanía, sino porque la sociedad llegó a un punto de desviación, a un punto sin retorno, en el que no desea más diferencia entre el decir y el hacer, porque no soporta más derroche, más incoherencia y falta de priorización de los recursos en función de las necesidades de la colectividad.
Pero el pueblo dominicano esta despertando y en los próximos meses no les serán tan fáciles continuar en el mismo camino, porque cada vez más ciudadanos y ciudadanas están concluyendo que no están dispuestos a soportar por más tiempo este estado de cosas.
Ahora más que nunca el movimiento social debe encaminarse a una mayor presión, debe profundizar sus reivindicaciones y métodos de lucha.
No vamos,y no podemos retroceder en nuestros esfuerzos y nos da mucha satisfacción ver que están surgiendo grupos de jóvenes que están abrazando esta lucha, exigiendo una nueva cultura política, con su propio estilo y métodos, seguros de que para lograr el sueño y construir la utopía de una República Dominicana más justa, democrática y prospera es necesario acabar con el cáncer de la corrupción.
