El tema del uso de los recursos del Estado en campaña electoral ha sido puesto en la agenda de debate por la representante local de la Organización de Estados Americanos (OEA), Bertha Santoscoy, y por la Coaliciómn por la Transparencia y la Institucionalidad.

La OEA se limita a anunciar que próximamente elaborará un informe relacionado con el empleo de recursos del Estado en Campaña. Se recuerda que Santiago Murray, jefe de la Misión de Observadores de ese organismo regional, le planteó al Presidente Hipólito Mejía la necesidad de que el sector que le promueve se abstuviese de emplear recursos oficiales en actividades proselitistas y que el Presidente se comprometió a instruir en este sentido.

Ha pasado bastante tiempo desde aquel compromiso, pero particularmente la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad hace señalamientos específicos sobre utilización de los bienes del poder en labores proselitistas, tanto en beneficio de la reelección como de al menos dos partidos de la oposición, que se valen de ayuntamientos ganados por los mismos en las últimas elecciones congresionales y municipales.

[b]II[/b]

Una cosa cierta es que no se puede privar al Presidente de la República de ciertos privilegios que le otorga la Constitución para garantizar su seguridad y para permitirle ejercer las importantes funciones para las cuales fue escogido. Pero también es cierto que un manejo ético de la Política le señala a ese alto funcionario los límites de sus prerrogativas cuando de campaña reeleccionista se trata, lo que implica que debe renunciar a usar personalmente o permitir que sean usados en su provecho aquellos recursos que son estrictamente oficiales.

Así las cosas, la inauguración de obras del Estado jamás debe servir de marco a un acto proselitista, y eso ha estado ocurriendo.

Tampoco es secreto que han sido utilizados en campaña reeleccionista vehículos de la estatal Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y que otros medios oficiales de transporte son empleados con los mismos propósitos. Lo mismo puede decirse de la ventaja conque los reeleccionistas utilizan los medios de comunicación intervenidos por el Estado, pertenecientes a bancos liquidados.

[b]III[/b]

El país tiene que librarse de ese síndrome que se traduce en uso desmedido del poder en beneficio de causas particulares. Más allá de lo que puedan decir la OEA y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad, son los políticos dominicanos los que tienen que asumir el compromiso de renunciar a la tentación de usar el poder en provecho propio y ceñirse al criterio de que el poder es para ejercerlo, pero con apego a las reglas y leyes.

La lucha por el poder debe darse en planos de igualdad para todos los participantes, y que sean los conceptos y propuestas los que determinen hacia dónde apuntan las preferencias. Debe haber un compromiso inviolable de ejercicio ético en materia política.