Los grandes adelantos de la comunicación social, unidos a un mayor nivel educacional, han permitido que los ciudadanos de países como el nuestro hayan hecho oír sus voces sobre la forma en que somos gobernados. Dentro e los grandes temas que ocupan la preocupación ciudadana se encuentra el de la corrupción, mal social que se arrastra desde la fundación de nuestra república. Sin embargo, la rapidez con que los funcionarios públicos dominicanos hoy día loran amasar grandes fortunas en poco tiempo, ha detonado una repulsión generalizada por parte de la ciudadanía. A pesar de la creación de instrumentos para el combate a la corrupción, los esfuerzos en ese sentido han sido timoratos y de pocas consecuencias aleccionadoras.

No podemos soslayar los graves problemas sociales que padecemos, como la pobreza y la desigualdad, que hacen del ejercicio de la política una vía rápida para salir de la marginalidad social, lo que se ha asentado en nuestra cultura como un principio de que la política es sinónimo de “lícito negocio”. No obstante las crecidas remuneraciones y privilegios con que se han rodeado nuestros “servidores” públicos con la finalidad de ser compensados adecuadamente, la voracidad y la falta de voluntad política han permitido el despilfarro y la malversación de los fondos públicos, males que también se comparten con el sector privado.

Todo gobierno u organización social debe crear confianza y credibilidad en sus “stakeholders”, lo que debe lograrse mediante responsabilidad social, integridad y transparencia, atributos de carácter ético. Tal como decía el Presidente Abraham Lincoln: “Se puede engañar a parte del pueblo todo el tiempo, y todo el pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

Hoy día se acepta que la gobernabilidad de los países se encuentra muy ligada a valores básicos que generan y afianzan confianza, es decir, legitiman el accionar del gobierno y hacen posible aceptar medidas impopulares en situaciones de crisis o emergencias.

No es suficiente el cacarear las buenas intenciones, es también imprescindible el accionar de las instituciones encargadas de velar por la aplicación de las leyes que garantizan la correcta gestión y el uso de los fondos públicos.

Debemos derrotar el pesimismo de que nada se puede hacer.

El pesimismo nunca ha sido propulsor del progreso y el avance de los pueblos.