BOGOTA (AFP).- Estados Unidos arremetió contra los paramilitares al denunciar que la agenda de esos grupos es el narcoterrorismo, en la antesala del inicio formal de las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las fuerzas de ultraderecha, previsto para el próximo jueves.

«No estoy seguro de que las autodefensas (paramilitares) tengan como meta algo político, ni que tengan un programa político. Sólo tienen un programa, narcoterrorismo, y una sola agenda, destrucción», aseguró el embajador de Washington en Bogotá, William Wood, en una entrevista con la revista Cambio, que empezó a circular este lunes.

El diplomático añadió que el apoyo estadounidense al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) «es escéptico», aunque destacó que la violencia contra los civiles ha disminuido «en parte gracias» a dicho plan.

«Esa es realmente la única justificación para hablar con esos tipos: que tal vez miles de colombianos están vivos hoy gracias a eso», subrayó.

Las declaraciones de Wood se conocen previo a la instalación, el jueves, de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Alvaro Uribe y las AUC en la norteña localidad de Santa Fe de Ralito, epicentro de la llamada Zona de Ubicación, creada por el Ejecutivo para facilitar los diálogos.

En dicha zona, de 368 km2, se concentrarán los diez principales líderes del grupo ilegal con unos 400 de sus hombres, mientras que la periferia del área será custodiada por la fuerza pública, según un acuerdo suscrito por las partes.

El embajador también reiteró que Estados Unidos no reconsiderará en ningún escenario los pedidos de extradición por narcotráfico contra los dirigentes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso, jefe militar y cabeza visible del grupo armado.

«Los que han violado nuestras leyes y han hecho daño a nuestros ciudadanos deberán ser procesados a través de nuestras instituciones», sentenció.

Wood acusó igualmente a los paramilitares de incumplir las condiciones pactadas con el gobierno en el marco del proceso de paz, iniciado hace 17 meses con el propósito de desmovilizar a unos 20.000 combatientes antes de 2006.

«Hemos expresado públicamente nuestro apoyo a ese proceso pero, y hay un pero muy importante, el valor del proceso depende ciento por ciento del cumplimiento de las condiciones por parte de los paramilitares, y ellos no han cumplido», sostuvo.

El diplomático indicó, a manera de ejemplo, que los jefes de las AUC debieron haberse concentrado en Santa Fe de Ralito (740 km al norte de Bogotá, en el departamento de Córdoba) hace más de ocho días, y hasta finales de la semana pasada no lo habían hecho.

«Si cumplen, bueno. Si no, deben saber cuál es la repuesta», advirtió.

Wood, quien se caracteriza por sus polémicas opiniones sobre temas sensibles de la agenda colombiana, es uno de los más férreos críticos del plan de paz con los paramilitares, que han advertido que no aceptan ser extraditados y que no están dispuestos a pagar un sólo día de cárcel.

Las AUC, incluso, han invitado a Estados Unidos a sumarse al diálogo para, según ese grupo, «aclarar» asuntos relativos a la extradición y el narcotráfico.

A mediados de marzo último el embajador cuestionó el desarme, en noviembre de 2003, de un primer grupo de 871 combatientes por considerar que no tuvo un «soporte legal», mientras que a finales de mayo sostuvo que los paramilitares estaban en un «período de transición en favor de los narcotraficantes».

Estos cuestionamientos son consideradas en Colombia como un el palo en la rueda de un proceso que es visto con recelo en el exterior, particularmente por los organismos de derechos humanos, que han alertado sobre la situación en que quedarán los crímenes cometidos por los paramilitares durante dos años de lucha contra las guerrillas izquierdistas.