Washington,  (EFE).- El papel del Departamento de Estado se reduce cada vez más y aumenta el del Pentágono en los programas militares estadounidenses en América Latina, según un informe elaborado por tres grupos de derechos humanos hecho público ayer.

El informe, bajo el título “Se borran las líneas -Tendencias en los programas militares de EEUU en América Latina”, ha sido elaborado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Centro para Política Internacional (CIP), y el Fondo para la Educación y el Estudio de América Latina (LAWGEF).

El documento asegura que los programas militares han aumentado de forma sostenida en la región y su gestión ha pasado gradualmente del Departamento de Estado, que aplica consideraciones diplomáticas, de política exterior y de derechos humanos, al Pentágono, donde el criterio está centrado en la “seguridad nacional”.

En concreto, alude a un nuevo programa de becas para la Instrucción Antiterrorista, en el que, según los tres grupos, han participado ya al menos 1.107 militares latinoamericanos.

El programa, conocido por la sigla en inglés CFTP, fue creado por el Ministerio de Defensa estadounidense (el Pentágono) después de los ataques terroristas en los Estados Unidos del 11 de septiembre del 2001.

El programa cuenta con un fondo de 2,12 millones de dólares en los presupuestos para 2006.  Entre los participantes se encuentran 900 militares colombianos, 237 de México, 179 de Perú, 111 de Paraguay y 39 de Uruguay.

Las organizaciones encargadas del estudio puntualizan que no se ha podido determinar si los cursos incluyeron asuntos relacionado con el espionaje o los interrogatorios.

La extensión del papel militar incluye también la lucha contra las drogas, la represión de la inmigración ilegal y, en algunos casos, el control de las operaciones de socorro después de catástrofes como huracanes o terremotos, denuncian las organizaciones.

Según Adam Isacson, del CIP, en los últimos años “los programas militares han aumentado de forma sostenida y ahora equiparan los fondos de asistencia económica, que se han estancado”.

Esta tendencia, según Isacson, “contraría dos décadas de esfuerzos de los civiles latinoamericanos para apartar a los militares de las funciones policiales”, dijo Isacson.

Un ejemplo de la nueva tendencia que citan las organizaciones es la creciente consideración del problema de las pandillas urbanas de América Central -algunas de las cuales operan conectadas con sus similares en EEUU- como un asunto que requiere el uso de la fuerza militar.

Isacson dijo que la misma obsesión por la seguridad hace que Washington considere “amenazas potenciales” a la seguridad los movimientos políticos o sociales a los que califica como “populismo radical” y de los cuales son ejemplos el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, o el candidato presidencial boliviano, Evo Morales.

La gradual transferencia de los programas militares del Departamento de Estado al Pentágono tiene otra consecuencia, denuncian las organizaciones pro derechos humanos.

En las últimas cuatro décadas, aducen, el Congreso ha impuesto condiciones para los programas a cargo del Departamento de Estado, como la certificación sobre la situación de los derechos humanos en los países receptores de la ayuda.

“Esas restricciones no se aplican al Pentágono”, dijo Jay Olson, directora ejecutiva de WOLA.

“América Latina es la mayor receptor de instrucción militar de EEUU en el mundo, y la asistencia militar estadounidense a la región está al nivel de la ayuda social y económica”, dijo Isacson.

“Esto no tiene sentido en una región cuyos problemas principales son la pobreza y la desigualdad”.

El informe señaló como otros ejemplos de la creciente militarización de la política de Washington hacia América Latina el establecimiento próximo de una Academia Internacional de Policía en El Salvador y el programa de ejercicios navales conjuntos “Enduring Friendship”. EFE