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WASHINGTON. AP. Unas 47,000 personas han sido expulsadas o deportadas de Estados Unidos en 20 meses luego que el Departamento de Seguridad Nacional empezó a escudriñar tres millones de huellas dactilares tomadas de las fichas policiales en prisiones locales.
Aproximadamente una cuarta parte de los expulsados del país no tenían antecedentes penales, de acuerdo con información gubernamental obtenida por grupos de defensores de inmigrantes que han presentado una demanda. Los grupos tenían previsto divulgar los datos el martes, y suministraron copias preliminares a The Associated Press. De octubre del 2008 a junio de este año, un total de 46,929 personas identificadas mediante un programa para compartir huellas dactilares, conocido como Comunidades Seguras, fueron expulsadas de Estados Unidos, muestran los documentos. De esa cifra, 12.293 no eran delincuentes. En el centro del caso está ese programa, que el gobierno dice que tiene la función primordial de que Estados Unidos se libre de «lo peor de los peores» inmigrantes que han delinquido. Los defensores de inmigrantes afirman que en realidad el gobierno gasta demasiado tiempo en delincuentes de riesgo menor o en personas que no son delincuentes. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) divide los delitos en tres categorías: el nivel 1 corresponde a los más graves. La mayoría de los deportados cometieron delitos de los niveles 2 o 3, o no eran delincuentes, muestra un reporte mensual de las estadísticas de Comunidades Seguras. «El ICE ha dado gato por liebre, pues las autoridades locales gastan más tiempo y recursos facilitando las deportaciones de camareros y jardineros que de asesinos y violadores, y a un costo considerable para las estrategias de vigilancia de comunidades locales, lo cual nos ha dejado a todos con menos seguridad», consideró Peter Markowitz, director de la Clínica de Justicia en la Inmigración.
Pidieron datos
La clínica de Markowitz, la Red de Organizadores del Día Nacional del Jornalero y el Centro por los Derechos Constitucionales habían solicitado las estadísticas mediante una demanda. El ICE publicó algunos de los documentos el lunes. Richard Rocha, un portavoz del ICE, dijo que los no delincuentes podrían ser personas que no se presentaron a las audiencias de deportación, gente que cruzó recientemente la frontera de manera ilegal o quienes volvieron al país después de ser deportados. También dijo que es importante recordar que es mayor el número de las personas que cometen delitos de los niveles 2 y 3. El programa Comunidades Seguras es «un instrumento de asociación beneficiosa para el ICE y el estado», dijo Rocha.
